Un juzgado coruñés admite una demanda contra las cámaras de videovigilancia de la EGAP
A CORUÑA CIUDAD
El juzgado contencioso administrativo número 4 de A Coruña ha admitido a trámite dos demandas, interpuestas contra la Delegación del Gobierno, en relación con la videovigilancia en Santiago.
El Movemento polos Dereitos Civís presentó dos recursos contra resoluciones de la Administración en dos nuevos casos de lo que considera «instalación irregular de cámaras en Santiago». Se trata de dispositivos colocados en el exterior de la sedes del Centro Galego de Novas Tecnoloxías y de la Escola Galega de Administración Pública (EGAP), que graban la vía pública y que, según el MpDC, «interfiren no dereito á intimidade dos cidadáns».
El juzgado informó a la asociación demandante de la admisión a trámite de ambas demandas. Además, reclamó a la Delegación del Gobierno el expediente administrativo del caso. La Administración tiene la obligación de remitir esta documentación al juzgado en un plazo de veinte días, de manera que la Justicia pueda estudiar las posibles irregularidades del caso. El Movemento polos Dereitos Civís presentó escritos ante la propia Delegación y los dos organismos involucrados, y pidió además información sobre el cumplimiento durante el proceso de instalación de las cámaras de todas las garantías previstas por la ley. Sin embrago, según la asociación, «a Delegación desentendeuse do caso, a pesar da transcendencia dos dereitos fundamentais en xogo, aducindo que ao tratarse de dispositivos colocados por organismos privados, non era necesario para o seu funcionamento dispoñer dunha autorización concedida pola propia Delegación». El MpDC, sin embargo, señala que grabar en la vía pública interfiere en el derecho a la intimidad y a la propia imagen.