El Concello de Teo hizo públicas ayer las conclusiones de la auditoría económica y de legalidad encargada hace un año por el actual equipo de gobierno, que asume en minoría el BNG, y que decidió fiscalizar las cuentas del año 2006 y la legalidad de los acuerdos tomados en el Ayuntamiento entre el 2003 y el 2006, que corresponden al último mandato en Teo del ex alcalde, Armando Blanco (PP), con el apoyo del independiente Manuel Parajó, ambos ahora en la oposición.
Según los datos facilitados por el Concello, la firma Sace Consultores, adjudicataria de la redacción de la auditoría, detectó «irregularidades en materia de contratación e personal» además de una deuda, al cierre del ejercicio del 2006, que ascendía a 6.460.189 euros, un importe en el que están incluidos los 900.000 euros anulados posteriormente tras la adjudicación del servicio del agua a Aquagest,-un acuerdo al que la auditoría pone reparos- y los créditos puente suscritos por el anterior gobierno de Teo para adelantar obras antes de la recepción de subvenciones.
Dentro del mismo apartado contable, el informe destaca una reducción de los deudores que tenía el Ayuntamiento, con un importe que pasó de 1,2 millones de euros a prácticamente la mitad. Este descenso obedece, según explica el actual Concello, a que se eliminaron deudores de dudoso cobro debido al tiempo transcurrido, lo que imposibilita el cobro.
En cuanto al remanente de tesorería, o liquidez en caja en el momento del estudio, la auditoría señala que frente a los 183.418 euros de números rojos contabilizados a finales del 2006, la cantidad real superaba entonces los 2,5 millones de euros.
La diferencia entre ambas cifras, según explica el Concello, está determinada por la existencia de numerosas facturas pendientes de pago que no estaban recogidas en el presupuesto, por lo que fue necesario aprobar un reconocimiento extrajudicial de crédito en el 2007 y en el 2008.
Otro de los aspectos en los que incide la auditoría es una deficiente recaudación municipal, que, en algunos casos, según cita el informe, «é nula nalgunhas das taxas ou prezos públicos vixentes». También afirma que durante el período analizado hubo «un fraccionamento de gasto público que xenera incumprimento no procedemento de tramitación do gasto» y señala que el Concello no respetaba las fases necesarias de aprobación del gasto, disposición del importe, reconocimiento de la deuda y pago de la misma.
Política de personal
El informe dedica buena parte de sus conclusiones a la política de contrataciones de personal. Además de aludir a la falta de una RPT, un documento que regule las necesidades de plantilla y la adecuada organización del trabajo, la auditoría considera que hubo un abuso de los concursos y concursos-oposiciones para cubrir plazas laborales.
También reprocha la conversión de contratos temporales en indefinidos , el uso de contratos que no respondían a las características del puesto y la existencia de «consolidaciones innecesarias e pluses especiais que non corresponden a criterios obxetivables».
Tras hacer públicos estos datos, el actual grupo de gobierno dice que «xa se foron modificando situacións» como el inicio de la redacción de la RPT y la contratación de servicios públicos que «se estaban realizando por empresas de xeito pouco reglado».