Los concellos de Oroso y Val do Dubra se acaban de integrar con otros catorce ayuntamientos de Galicia en la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Hace unos días, en el entorno de Compostela, lo hizo también el concello de A Baña. La adhesión a la Axencia es voluntaria y tiene que ser aprobada por los plenos municipales. El alcalde de Oroso, Manuel Mirás, confirmó a este diario que la propuesta entrará en la sesión del próximo viernes. El regidor de Val do Dubra, el popular Juan Baleato, hizo los deberes hace unos días y sacó adelante ya la iniciativa.
Este órgano consorciado tiene por finalidad velar por la utilización racional del suelo, de acuerdo con la normativa urbanística y la protección del litoral. El regidor de Oroso aseguró que la entrada de su municipio en la Axencia «vai supor unha axuda para o mellor control urbanístico en solo rústico».
Manuel Mirás insistió en que el convenio firmado entre ambas partes implicará «ter máis medios para controlar toda infracción que se cometa en solo rústico».
El alcalde de Val do Dubra se mostró igualmente satisfecho por la entrada de su concello en la Axencia de Protección, un sentir bastante generalizado entre los alcaldes, en la medida que este órgano se responsabiliza, entre otras cosas, del trabajo más ingrato, el de las multas, mientras los ayuntamientos ingresan el 50% de lo recaudado por las infracciones cometidas. Idéntico porcentaje pasará a las arcas de la Administración autonómica. El ente de nueva creación podrá imponer sanciones que pueden alcanzar los 600.000 euros, cuando se trate de irregularidades urbanísticas muy graves.
La adscripción voluntaria de los ayuntamientos implica que estos delegan en la agencia sus competencias municipales para la inspección, supervisión, sanción y restablecimiento de la legalidad urbanística en suelo rústico, urbanizable y de núcleo rural, mientras no sea aprobado el correspondiente plan parcial o de sectorización.
Mecanismo de «alivio»
El alcalde de Val do Dubra, Juan Baleato, sostiene que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística servirá en todo caso para «aliviar» la carga de trabajo de la Dirección Xeral de Urbanismo. En su ayuntamiento el 85% de las parcelas son rústicas y las competencias en este ámbito las tiene la Consellería de Política Territorial.
La Axencia se hará cargo, por ejemplo, de las denuncias que pueda presentar cualquier vecino si alguien construye en suelo rústico. El órgano consorciado se encargará de hacer el trabajo que hasta ahora correspondía a la Dirección Xeral, lo que servirá para agilizar el control sobre las infracciones.
La Xunta creó la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística como garantía para los concellos con mayor tensión urbanística y para evitar distorsiones en los usos sociales del suelo.
La Axencia, presidida por el director xeral de Urbanismo, la integran cualificados funcionarios públicos, tanto de la Administración autonómica como de los ayuntamientos, y colaborará con estos en la elaboración de sus respectivos planeamientos. Los concellos dispondrán de 39 millones de euros en ayudas para acometerlos.
El bipartito ha mandado un mensaje claro a todos los ayuntamientos. La comunidad autónoma «xa non pode soportar o coste do modelo de que cada un viva onde queira», en referencia a la dispersión a la hora de edificar y, como consecuencia, el elevado coste de los servicios.
Los últimos concellos en incorporarse a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, además de los de Oroso y Val do Dubra, han sido Abegondo, Becerreá, Castroverde, Ribeira de Piquín, Moraña, Oia, Pontecesures, Castrelo de Miño, Entrimo, Gomesende, Maside, Piñor, Verín y Vilamarín.
Con anterioridad lo hicieron ya los municipios A Baña, Cedeira, Sada, Carballeda de Avia, Castrelo do Val, Vilardevós y A Guarda.
En la actualidad hay un total de 23 ayuntamientos adheridos a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística y otros seis más están ultimando la tramitación administrativa para incorporarse a este ente, llamado a ser garante de un urbanismo sostenible.
Amparo
El Ejecutivo autonómico pretende asentar la legalidad de la política urbanística sobre la Axencia de Protección, que vigilará superficie y edificación, con especial incidencia en la franja costera.
El nuevo ente, al que se están incorporando los concellos de Galicia de manera progresiva, tendrá competencias para poder denunciar ante la Fiscalía o los juzgados los hechos que considere que son constitutivos de delito.
«Aínda estamos a tempo de salvar a Galicia do urbanismo descontrolado que ameaza con acabar co noso patrimonio», aseguró recientemente la conselleira de Política Territorial, María José Caride, quien apostó, en este sentido, por un urbanismo que implique una «maior cohesión social».
El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, lo explicó en su momento en términos de protección de los propios municipios: «Agora os concellos terá amparo e protección da Xunta», aseguró el titular del Gobierno autonómico.