Las crisis unen, por lo que en momentos inciertos hay que sumar fuerzas para lograr objetivos comunes. El pasado mes de julio, uno de los tres grupos de gobierno de la USC (Universidade Aberta) manifestó su malestar por el desarrollo de los dos primeros años de mandato, en los que ciertas decisiones «non consensuadas e mesmo arbitrarias nalgunhas áreas de goberno, xeraron diferenzas importantes que se manifestaron na recente dimisión dun alto responsable da área de investigación», explicaban desde las filas del colectivo.
Sin embargo, el retraso en la entrada en vigor del nuevo plan de financiación de las universidades anunciado por Touriño, y la previsible reducción de ingresos en las arcas de la USC (con la consecuente paralización de proyectos) ha provocado que Universidade Aberta (UA) aplace todas las diferencias con el resto de grupos del equipo de gobierno «aínda que non estean solventadas» para manifestar su pleno apoyo tanto al rector compostelano, Senén Barro, como a sus dos homólogos gallegos, arremetiendo así contra Touriño.
En una declaración leída por el vicerrector de Relacións Institucionais, Lourenzo Fernández Prieto, y acompañado por los otros vicerrectores de UA, Elías Torres, Dolores Domínguez, Xoán Carlos Carreira y la vicerrectora adjunta Celia Besteiro, el colectivo asegura que el Gobierno gallego ha incumplido su compromiso al dejar a las universidades con un plan de financiación (firmado en 2005), que ellos mismos criticaron (de hecho el representande del PSdeG en el Consello Galego de Universidades votó en contra).
La financiación a mayores que anunció Touriño (primero 11 millones y luego 15), esconde, según UA, el descenso de las aportaciones de la Xunta a las universidades, «e nin sequera chegará para compensar o decrecemento que vai experimentar, polo que probablemente dispoñamos dos mesmos cartos do ano pasado sen sequera enxugar a inflación». El 85% de lo que reciben las universidades depende de los ingresos no financieros de la Xunta, por lo que si estos decrecen bajan los fondos para las instituciones. Este año está previsto que disminuyan estos recursos, por lo que cada 1% que se recorten, las universidades tendrán tres millones menos.
Dispuestos a evaluarse
Los miembros del colectivo nacionalista Universidade Aberta instan a que se negocie ya un nuevo plan de financiación aunque no entre en vigor en el 2009, ya que consideran preocupante que se debata antes de las autonómicas. Fernández Prieto explicó que este documento no puede vincular la financiación incondicionada a los ingresos de la Xunta, sino que deben ser recursos garantizados. Los miembros del equipo de gobierno insisten además en que están dispuestos a ser evaluados y mirados con lupa, para que el nuevo plan «garanta a máxima precisión nos obxectivos docentes e investigadores que se demandan ás universidades».