La vista oral del juicio contra cinco administradores y seis accionistas y trabajadores de la empresa Maderas Raviña S.A. ha sido aplazada al no disponerse de todas las pruebas necesarias para ponerla en marcha. El juicio contra los responsables de esta empresa, domiciliada en O Pino-San Miguel de Cerceda (Arzúa), estaba previsto para ayer por la mañana en el Juzgado de lo Penal número 1 de A Coruña. Debido a esta carencia, el juez dispondrá en los próximos días la nueva fecha para su celebración, en cuanto reúna todo el material necesario.
En el proceso se juzgan una serie de actuaciones realizadas por los acusados en las fechas previas a la suspensión de pagos de la empresa (declarada en auto el 22 de junio de 1995) y su posterior expediente de quiebra (declarada también en auto del 26 de febrero de 1997). Según la acusación del Ministerio Fiscal, durante el año anterior, los acusados actuaron de común acuerdo y buscaron maliciosamente la insolvencia. Para ello realizaron actos de disposición patrimonial, distrayendo dinero y activo patrimonial de la firma, cuando tenían la obligación legal de ponerlos a disposición de la masa acreedora.
La trama consistía en la creación de nuevas empresas del mismo sector que Maderas Raviña y también del transporte. Así, en enero del 1995 se creó Agrícola del Camino, en el que como socios figuraban varios de los acusados. En abril se constituyó Aprovechamientos Forestales del Noroeste, teniendo como administradora única otra de las acusadas, y en abril se creó la Agencia Trans con varios de los implicados en la trama dentro de su organigrama director.
Con carácter previo a toda esta amalgama de nombres, en el año 1993 se constituyó una empresa de estructura familiar bajo el nombre de uno de los acusados y la fórmula e hijos. Este grupo familiar creó, a su vez, la sociedad Fondos Bienes y Raíces, cuyo fin consistía en traspasar los vehículos de Maderas Raviña a la empresa Aprovechamientos Forestales del Noroeste.
Pagos
En su escrito de acusación el fiscal detalla una serie de pagos irregulares. Estos se realizaban desde Maderas Raviña a varias de estas empresas creadas antes de la suspensión de pagos. Además, se indica que el balance presentado por la empresa en 1994 con unas pérdidas muy superiores a las reales. Ahí se ocultaba a sus acreedores que habían tenido unos ingresos de 9.357.646 euros. De ellos tan solo habían contabilizado 3.146.818.
Los acusados se enfrentan, por un lado, a la petición de una pena de dos años de cárcel por un delito de insolvencia punible. Por el delito de quiebra fraudulenta, se solicita además a cada uno otros dos años de prisión, aparte de las correspondientes penas de multa en cada caso.