Vivenda amenaza con quitar los pisos protegidos a 14 familias de Santiago por impago de recibos
SANTIAGO
La Consellería de Vivenda inició ayer 14 expedientes de desahucio contra sendas familias compostelanas a las que acusa de no haber abonado cuando debían recibos de diversa cuantía y naturaleza relacionados con los pisos de protección oficial (VPO) de cuya tenencia se vienen beneficiando. Si antes del 18 de agosto no saldan esas supuestas deudas, el gabinete que dirige la nacionalista Teresa Táboas ejecutará su amenaza ascendiendo otro peldaño, ya el previo al definitivo, en la escalera administrativa que se debe subir antes de ordenar cualquier desalojo residencial.
El bipartito reclama a esos supuestos morosos un global de 45.353,48 euros, o sea, una media de 3.239,5 por hogar. Hay a quien pide 13.210,32 y, en el polo opuesto, también quien apenas adeuda 8,01. Los inmuebles objeto del conflicto se distribuyen entre los barrios de Pontepedriña (cuatro en la Praza León, dos en la calle Portomarín, uno en la Negreira y un octavo en la Somport), Vite (uno en la rúa García Lorca y un segundo en la Pintor Carlos Maside, más otros dos en la Xesús Carro) y A Almáciga (en la de Touro). El restante se emplaza en Rosalía de Castro, si bien dentro del núcleo de Milladoiro, perteneciente al vecino concello de Ames.
Resolución de los contratos
A los adjudicatarios de todos ellos «concédeselles un prazo de dez xornadas hábiles para que se poñan ao día nas súas obrigas ou comparezan na delegación provincial, en trámite de audiencia, para os efectos de presentar os documentos e xustificacións que consideren convenientes ao seu dereito», establece una cédula de notificación que, difundida ayer a través del Diario Oficial de Galicia, rubrica el máximo responsable del departamento en A Coruña, Xoán Carlos Bascuas. «En caso contrario -apostilla- procederase á resolución dos seus contratos», como prevé la normativa española actualmente en vigor.
Y, dado dicho paso, a los afectados ya solo les quedará una opción para evitar que el funcionario de turno, auxiliado por la policía y blandiendo la preceptiva autorización judicial, se plante en sus domicilios y los eche a la calle: pagar íntegramente y antes de que transcurran dos semanas tanto las facturas pendientes de liquidación como los recargos e intereses asociados. Si finalmente se ve forzada a adoptar esta medida, un procedimiento que en argot se conoce como «lanzamiento», la Xunta activará la maquinaria para adjudicar luego las casas a personas que se hagan acreedoras de ellas.