En el expediente que el Concello difundió ayer figuran detallados los 34 recibos de plusvalías que la UTE Geslander Inmobiliaria Pajonal, supuestamente, dejó de abonar el año pasado. El de mayor cuantía supera ligeramente los 203 euros, mientras que el de menor no llega a los 59. En conjunto, totalizan un importe de 3.757,8.
Pero el anuncio del BOP incluye otros 218 impagos de diversos tributos y sanciones imputables a 149 personas físicas y jurídicas domiciliadas en Compostela y 36 localidades españolas más, la mayoría de ellas gallegas: A Estrada, Oleiros, Boiro, Ames, Ferrol, A Coruña, Teo, Baiona, Oroso, Arteixo, Ourense, Pontevedra, Vilagarcía, A Guarda, Sada, Rianxo, Carballo, Vilalba, Valga, Cabanas, Melide, Vedra, Carnota, Ortigueira, Lugo, Brión, Boqueixón, Vigo, Noia, Madrid, San Sebastián, Salamanca, Gerona, Barcelona, Alcira y Onteniente, estas dos últimas de la provincia de Valencia.
Entre todos esos ciudadanos y compañías acumulan deudas por valor de 88.573,3 euros, según la concejalía que dirige Andrés Fariña. Por lo tanto, la suma promedio cuya satisfacción exige el Ayuntamiento asciende a 406,3 euros, recargos excluidos. Sin embargo, en el lote se distinguen facturas de categorías muy diversas: irrisorias, de 33 céntimos, y también de órdago, de más de un millón y medio de las antiguas pesetas. Hay multas coercitivas como la de 1.000 euros aplicada a la academia informática Epsilon, penas urbanísticas como la de 9.000 impuesta a un vecino de Costoya, tasas por el servicio de bomberos como la de 181,7 girada a nombre de la firma Fraga-Campaña... Aunque la palma se la llevan los 20.333 que, en concepto de IBI urbano, no satisfizo la S.L. Plainovel XXI, con base en la capital de España.
Técnicamente, lo que hizo ayer el gabinete recaudatorio municipal se conoce como extensión, a nombre de los morosos, de sendas citaciones para que comparezcan a lo largo de las dos próximas semanas en la sede del departamento (calle Salvador Allende, 4). Transcurrido ese plazo, se les dará por advertidos de que mantienen asuntos pendientes con el fisco municipal; de modo que ya procedería incoar procesos de apremio contra ellos.