La oposición quiere dar explicaciones ante la corporación y fuerza la inclusión del caso con una moción urgente
24 abr 2008 . Actualizado a las 02:00 h.La cancelación de la deuda de 7.314 euros que la empresa Geslander, de Gerardo Conde Roa, tenía en febrero con el Concello por el IBI será objeto de discusión en el pleno de hoy. Aunque la pregunta que los socialistas formularon al respecto el lunes -después de que el PP los acusase de no facilitarles la información que requieren para el ejercicio de su labor- no se presentó a tiempo para esa sesión, la oposición ha tomado la iniciativa para que el debate sí pueda darse hoy, o al menos para introducir la cuestión en el pleno.
Conde Roa, administrador único de Geslander, presentó ayer una moción de urgencia para poder explicar la situación de dicha deuda, después de observar la intención del gobierno de «dar marcha atrás» una vez que publicitó su propia pregunta. El popular no quiere más demoras sobre un asunto que ha centrado estos días la siempre polémica relación entre socialistas y conservadores y que ha valido de nuevo al PSOE para invitarle a dar ejemplo en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
Pero dependerá del gobierno que se entre a discutir el fondo de la cuestión, que ha tensado todavía más la política municipal en este mandato. En su mano está aceptar la urgencia de esa moción, que el popular basa en «la notoria relevancia» que ha adquirido el tema. En los últimos meses la oposición no ha visto prosperar ninguna de sus mociones. Siempre han decaído al desestimarse su urgencia, lo que impide entrar en el fondo de la cuestión. Y esa será la incógnita de la sesión de esta tarde. El juego político decidirá hacia qué lado se resuelve, porque, por mucho que los socialistas insisten en pedir explicaciones a Conde Roa, ayer se reservaron si aceptarán debatir esa moción. «Terá que xustificar esa urxencia», dicen. En la misma línea, Roa deja sus explicaciones para el pleno, aunque ha contraatacado hablando de retrasos en las licencias de primera ocupación de las 47 viviendas de Volta do Castro por las que se le reclamó el IBI a Geslander. Incluso advirtió que la demora podría derivar en acciones judiciales.