La legislación española señala que cometen un delito contra los derechos de los trabajadores «los que, mediante engaño o abuso de una situación de necesidad, imponen a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que les son reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual».
La Ley contempla penas para quien sea considerado culpable de estos hechos de seis meses a tres años de prisión y multa de seis a doce meses.
Traficar de manera ilegal con mano de obra es otro de los supuestos de delito contra los derechos de los trabajadores, y lleva aparejada una pena similar al supuesto anterior.
En el caso investigado días atrás en Santiago, la Ley señala que serán acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores «los que recluten personas o las condicionen a abandonar su puesto de trabajo ofreciéndoles un empleo o condiciones de trabajo falsas o quienes emplean a extranjeros sin permisos de trabajo».
El responsable de hospedaje de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Santiago e Comarca, José Antonio Liñares, que desconocía completamente la operación realizada días atrás por los funcionarios de Trabajo, se mostró muy sorprendido por lo ocurrido y señaló que, en cualquier caso, desde la entidad a la que pertenece se trabaja, precisamente, para evitar que se produzcan hechos como los señalados.
Liñares añade que cualquier infracción detectada en este sentido no hace si no perjudicar la imagen de la hostelería compostelana, y que desde la entidad asociativa se vela para que todos los empresarios cumplan escrupulosamente la legalidad vigente.