El Concello convoca un concurso público para desmontar antenas

La Voz

TEO

Son más de una docena las instalaciones de telefonía afectadas cuyo procedimiento ha llegado ya hasta el final

05 mar 2008 . Actualizado a las 02:00 h.

El Ayuntamiento ha decidido al fin actuar contra las antenas de telefonía móvil situadas en distintos puntos de la geografía compostelana que carecen de la correspondiente autorización. Hasta ahora esos aparatos han venido funcionando sin la correspondiente licencia, pese a los requerimientos de Raxoi. No obstante, el Concello no ha procedido a retirarlas hasta finalizado el correspondiente procedimiento administrativo. Eso ya ha ocurrido.

«Vanse retirar todas as antenas que xa teñen o procedemento rematado», recalca la concejala de Urbanismo, Mercedes Rosón. Son instalaciones que en ningún caso pueden ser legalizadas. El contencioso administrativo quedó resuelto y no existe posibilidad de acudir a más vías.

Los técnicos de Urbanismo han iniciado la redacción del pliego de condiciones para la convocatoria de un concurso de adjudicación de la eliminación de esas antenas. El proceso ya está en marcha y la empresa que resulte adjudicataria procederá a desmontar una por una los elementos no legalizables. Según Mercedes Rosón, son más de una docena las que se encuentran en esa situación.

Reclamaciones

La erradicación de esos mecanismos viene precedida de una larga estela de reclamaciones y denuncias vecinales contra el funcionamiento ilegal de los mismos. Eso ha ocurrido especialmente en Teo, Touro y Os Concheiros, entre otros enclaves urbanos. La principal diana de sus protestas ha sido el ex concejal Luis Tojo, que sin embargo señaló públicamente que la ordenanza había que cumplirla al haber sido aprobada unánimemente por los grupos municipales. La permanencia de las antenas hace que esos vecinos afectados se muestren escépticos ante el anuncio municipal. Pero Rosón es clara al insistir en que los procedimientos han llegado a término.

Las antenas cuestionadas se encuentran situadas en colegios y centros educativos, hospitales, locales sociales, parques públicos, etcétera. Raxoi admite que estos procesos llevan tiempo y hay que cumplir los pasos administrativos.