El grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España pedirá a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que el Estado les compense por los gastos que generan los Bienes de Interés Cultural. Estos monumentos y edificios históricos están exentos del pago de impuesto de bienes inmuebles, por lo que los ayuntamientos, que en algunos casos los gestionan, dejan de ingresar ese dinero. Santiago es una de estas ciudades patrimonio. De hecho, Raxoi pierde 788.264 euros por la exención del IBI a la Universidad, la Iglesia y otras fundaciones.
El presidente de la asociación y alcalde de Cuenca, Francisco Javier Pulido, explicó esta decisión, que fue tomada en asamblea y que representa un decidido paso adelante. Francisco Javier Pulido indicó que los BIC no pagan el impuesto de bienes, pero «están obligando de alguna forma a las ciudades patrimonio a mantenerlos», lo cual representa un gasto considerable en muchos ayuntamientos, algunos demasiado pequeños para asumirlos. Pero las negociaciones con la Moncloa sobre el tema vienen desde hace tiempo. La intención es que en los Presupuestos Generales del Estado se incluyan las partidas económicas necesarias para pagar a los ayuntamientos las cantidades equivalentes al IBI.
Desde la organización que reúne a las ciudades patrimonio se reprocha que, mientras ellas tienen determinadas exigencias a mayores, en lugar de ayudarlas, se les resta financiación. Para evitar confusiones y posibles malos entendidos, Pulido destacó que «no hay ningún inconveniente» en que se establezca que el dinero que perciban las ciudades en este concepto se destine exclusivamente a los cascos históricos. En paralelo, aprovecharán la reunión con la vicepresidenta para hablar de la necesidad de eliminar el cableado en las zonas monumentales, un tema considerablemente más complejo.