El PSdeG-PSOE teme que las Administraciones promotoras de Barro-Meis tengan que terminar pagando indemnizaciones a las empresas asentadas en el polígono, después de que el Tribunal Superior anulase el plan de sectorización. Siete diputados autonómicos socialistas, entre ellos, el pontevedrés Guillermo Meijón, promovieron ya una iniciativa parlamentaria para saber cuál sería el coste de la indemnización a las empresas que compraron parcelas si se ejecuta la anulación.
Datos del organismo provincial indican que, hasta ahora, 16 empresas adquirieron 27 parcelas en Barro-Meis, con un porcentaje de ocupación que ronda el 45%. Un concurso para vender otras 49 parcelas en la zona de Outeda-Curro fue frenado a finales de abril tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior.
La Diputación anunció ya que habrá recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que tumbó el plan de sectorización y no descarta que, en paralelo, el Concello de Barro vuelva a tramitar este plan con la previsión de los servicios que sirvieron de base a la anulación.
La iniciativa de los diputados socialistas pretende igualmente que el Gobierno gallego aclare el coste que representaría para la Diputación la dotación de los servicios que faltan y qué Administración está asumiendo el importe de la conexión viaria del polígono.
Además, pretenden que la Xunta aclare si es posible reconducir la situación «dentro da legalidade». Distintas fuentes señalaron a comienzos de mayo que la Xunta estaría dispuesta a tramitar un plan sectorial para salvar el polígono, si bien esta opción no parece ser del agrado de los jueces por entender que se trata de una vía para evitar cumplir sus sentencias.
El conselleiro de Industria, Javier Guerra, dio su apoyo al polígono en Pontevedra y señaló que las tramitaciones de asentamientos industriales se simplificarán con la nueva ley de promoción industrial para los proyectos que sean declarados de especial relevancia.