A lo largo del 2010, la Defensora del Pueblo abrió dos investigaciones de oficio vinculadas con sendas muertes ocurridas en el centro penitenciario de A Lama. En su informe anual remitido a las Cortes, la institución que dirige María Luisa Cava de Llano hace referencia, por un lado, a que se ambas diligencias se tramitaron ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y, por otro, a que una de las investigaciones se refería a una de las reclusas del módulo de mujeres de la prisión pontevedresa.
La Defensora no hace alusión alguna a si las investigaciones finalmente se cerraron o si, a día de hoy, continúan instruyéndose. En todo sí que se hace alusión a los fallecimientos por suicidio en prisión, toda vez que «Zaragoza, A Lama y el psiquiátrico penitenciario de Alicante, con un 4% de la población penitenciaria española concentraban cerca del 36% de los suicidios habidos en el período comprendido entre los años 2003 y 2008».
Sin explicación aparente
A raíz de la intervención de María Luisa Cava, la Administración penitenciaria tomó cartas en el asunto. Sin embargo, lo cierto es que «no fue posible extraer ninguna hipótesis que permita explicar por qué solo tres centros de todos los que conforman el sistema penitenciario presentan una tasa de suicidio comparativamente tan elevada».
Frente esta respuesta, la Defensora es clara. Para la institución estatal ha llegado el momento de «analizar si en estos centros concurren alguna o algunas circunstancia ambientales específicas que puedan explicar los datos estadísticos que ofrecen».