La Xunta aprueba el recurso del PSOE contra la planta de biomasa de Ence
PONTEVEDRA
La Xunta da la razón al PSdeG-PSOE contra la planta de biomasa que Ence proyectaba en los terrenos de Lourizán. Esta decisión de Industria tumba por segunda vez las expectativas empresariales de la pastera, y pone en jaque la resolución del Ejecutivo gallego, del 30 de abril del 2010, por la que se aprobaba una relación de anteproyectos de instalaciones de centrales de biomasa.
Los primeros en tirar piedras contra su propio tejado fueron los populares -aunque de distintas administraciones-, que, de la mano del portavoz local, Telmo Martín, habían presentado un recurso similar al socialista por considerar que la selección del proyecto de celulosas «era contrario a derecho».
Ayer le tocó el turno a los socialistas, que con el mismo recurso recibieron la misma respuesta. La responsable de Medio Ambiente del PSOE, Carmen Gallego, señaló al conocer la respuesta del Ejecutivo autonómico que «a resposta da Consellería de Industria confirma as esixencias feitas polos socialistas de desautorizar a planta de biomasa solicitada por Ence, en Pontevedra».
El PSOE señala que la decisión de Industria incumplía el artículo 8 del decreto -diseñado por el bipartito en el 2008-, que regula este tipo de instalaciones. Gallego recalcó que el proyecto de biomasa de Ence «non cumpría cos requisitos de viabilidade técnica, económica e ambiental».
Los terrenos están en dominio público marítimo terrestre y en las bases del concurso debían acreditar la titularidad del suelo. Pero esta no es la única alegación del recurso presentado el pasado verano por el grupo socialista, que considera que si otrogasen la construcción de la planta «suporía que a empresa seguise funcionando na ría de Pontevedra máis alá do 2018».
Cambio de actividad
En el documento, los socialistas advierten de que si quisieran optar a la construcción de una planta tendrían que solicitar al Gobierno central un cambio de actividad. Si Industria ignorase los documentos presentados por el PP local -respaldado por Núñez Feijoo y el conselleiro de Industria, Javier Guerra- y el PSOE y finalmente Ence siguiese adelante con su proyecto, el Estado tendría potestad para extinguir la concesión antes del 2018 por un cambio de actividad.
Y si ambos recursos son estimados, ¿qué llevó a Industria a preseleccionarlos en la resolución del 30 de abril? La consellería señaló, entonces, que el documento inicial solo evaluaba la viabilidad del proyecto en cuanto a impacto en la creación de empleo, ubicación o viabilidad. Pero esto solo fue una admisión a trámite y no una autorización para la que habría que cumplir unos requisitos, que ahora parecen esfumarse.