Sanxenxo estudia abrir una vía para legalizar el edificio de la calle Progreso
PONTEVEDRA
El Concello de Sanxenxo reconoció la «firmeza» de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que ratifica la orden de derribo de un inmueble de nueva construcción de la calle Progreso. Como consecuencia del fallo, adelantado ayer por La Voz, los responsables municipales estudian la posibilidad de acometer una calle de nueva apertura. El «acceso alternativo» permitiría, según el Ayuntamiento, legalizar la vivienda.
La sentencia del TSXG declara ilegal la modificación de una licencia de obra otorgada por la gerencia de Urbanismo en junio del año 2006 a la promotora Construcciones Balboa y Chan. El cambio de autorización permitía a la constructora ejecutar un edificio en la calle Progreso compuesto por dos bloques, que en realidad son dos estructuras completamente independientes.
El fallo detalla que la parcela que da frente a la calle tuvo la aplicación de una ordenanza urbanística distinta al terreno situado a sus espaldas. En este segundo caso, la parcela «al no tener salida a vial alguno no puede merecer la condición de solar», recoge el tribunal de la sala de lo Contencioso Administrativo número 2 del TSXG. «El solo hecho de agrupar físicamente dos parcelas en una sola unidad predial no determina que se deje sin efecto una ordenanza a favor de la otra», explica el magistrado ponente. «Ya se otorgue una licencia o ya dos, debe cumplirse la normativa urbanística en su conjunto, lo que no sucedió con la licencia que el 14 de junio de 2006 otorgó la Xerencia Municipal de Urbanismo», precisó el juez.
Contencioso 3 de Pontevedra
El Concello y la empresa habían recurrido una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra que ordenaba en el año 2009 el derribo del edificio. El TSXG desestimó ambas apelaciones y ratifica por lo tanto el fallo del órgano judicial pontevedrés.
Al conocerse el nuevo varapalo para el Ayuntamiento de Sanxenxo, el BNG precisó que «a política urbanística do PP satura aos xulgados e está a poñer en perigo a integridade económica do noso Concello».
El portavoz nacionalista, David Otero, tildó la gestión del suelo del municipio de «caótica», y subrayó que la sentencia del TSXG hace que engorde la lista de lo que el BNG considera «aberracións das que é responsable o goberno municipal». Citó, como ejemplos, la reclamación de los ocho millones de euros que piden los promotores de Monte Faro (SU-13 y SU-14), la polémica de los chalés del cementerio de Dorrón, el desarrollo del proyecto del suelo empresarial de Nantes (SU-16) y no recaudar más de medio millón de euros por el convenio del Plan Especial de Reforma Integral número 5.
«Estamos a menos de seis meses dunhas eleccións municipais e coñecedores de que a estas alturas non van ter a dignidade de dimitir a pesar da súa responsabilidade en todos estes asuntos, serán os cidadáns os que teñan que decidir o desaloxo do PP do goberno», remachó Otero.