El máximo responsable del puerto marinense confía en la viabilidad de este ente marítimo y lamenta la judicialización de las obras de la última década
21 nov 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El 2010 está siendo un ejercicio difícil para el puerto de Marín, sobre todo por las repercusiones de varias sentencias judiciales y los autos que exigen su cumplimiento.
-¿Cómo valora la sentencia del Supremo que declaró ilegales los rellenos al anular el plan especial del 2000?
-Es negativa. Lo ideal sería que no hubiese habido nunca una sentencia sobre este tema. La importancia del puerto, para que se den cuenta los responsables que habitualmente están en contra de las actividades que se desarrollan aquí, es vital para la comarca. Hay en torno a 3.013 puestos de trabajo directos, lo que supone diez mil personas que indirectamente viven del puerto de Marín. Aquí tenemos 126 empresas, de las que la mayor tiene 250 empleados hasta las 59 empresas con menos de diez empleados. El resto se mueve entre esas cifras. Esto da una idea de la importancia que tienen estas empresas en la comarca, tanto por el valor añadido que dejan las mercancías como en puestos de trabajo. La facturación fue de 515,8 millones de euros. Por lo tanto como responsable en el equipo de esta empresa quiero decirle que me entristece y me preocupa mucho que algunos colectivos no vean lo que significan sus actuaciones de cara a esas miles de personas que viven de lo que es esta empresa. Decir que allá ellos con su responsabilidad de quien de alguna manera haya hecho que esto llegase a esta situación en la que está. Yo desde aquí lo que haré es por encima de todo defender tanto los puestos de trabajo como a los empresarios que han elegido ubicarse en este recinto.
-¿Qué pasará con la aplicación de la sentencia y la retirada de los rellenos?
-Es una cuestión técnico jurídica, que lo lleva la abogacía del Estado. En el momento que por parte de quien corresponda nos digan que hay que ejecutarla, tendremos que hacerlo, como no podría ser de otra forma.
-Otro tema candente es el tren. ¿Qué solución se adoptará sobre la plaza de Os Praceres ante las sentencias?
-La normativa de las líneas férreas actualmente es que no deben tener pasos a nivel, aunque se podría decir que la nuestra no es comparable con una línea de pasajeros. Sale un máximo de dos trenes al día y atraviesan la plaza al paso de una persona caminando con un vigilante que controla que no haya obstáculos. Además pasa a unas horas conveniadas con los propios vecinos. Aún ahí la normativa es taxativa y dice que tienen que desaparecer los pasos a nivel. Quedan dos alternativas. O se soterra la vía, cosa que según los técnicos dejaría que el ferrocarril no fuese rentable en cuanto a la composición de las unidades, porque las reduciría mucho. La otra alternativa sería soterrar los pasos o hacerlos por encima de la vía. La decisión compete a la Dirección General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento y están en ello ahora mismo.
-Los vecinos de Os Praceres se han quejado de que a lo largo de estos años nunca se quiso negociar o hablar con ellos.
-No es una cuestión del puerto. El trazado del tren viene dado por quien le compete. Lo importante para nosotros es que haya ferrocarril. Yo no entro a discutir por dónde ni por qué, pero sí sé que la Autoridad Portuaria no sería el interlocutor válido para adquirir compromisos con los vecinos de Os Praceres sobre este tema.
-¿El plan especial del 2005 sigue en vigor o quedó anulado con la sentencia del Supremo sobre el del 2000?
-El plan del 2005 es un hecho real, no subjetivo. Ha sido aprobado por un órgano competente en vía administrativa. Fue recurrido por parte de la APDR y después del procedimiento judicial se concluyó con la ratificación del TSXG del plan. Por tanto, si se dice que lo que dijo el tribunal no vale y alguien por el interés que sea dice que ese plan no está en vigor falta a la verdad. Una situación más clara no la puede haber. Los propios tribunales han dicho que es válido y en sentencia firme. Yo así se lo he transmitido, a los que directamente les está afectando, que algunas instituciones están subjetivamente diciendo sin fundamento que el plan no es válido.