No está todo perdido. La propietaria de la casa ubicada a pie de la playa de Pragueira, en Sanxenxo, tiene puestas sus esperanzas en los tribunales para salvar su vivienda de madera. Su abogada acudirá el lunes al juzgado para solicitar la paralización del proceso de demolición.
«Ya veremos que nos dicen el lunes», señaló ayer la dueña de la residencia, María José Barreiro, en los micrófonos de Radio Voz. «Queremos saber si puedo acabar y desmontarla por mi cuenta o si no es tarde para presentar un contencioso administrativo», agregó.
La vivienda, con vistas a la isla de Ons, es ilegal, puesto que incumple la normativa de Costas. La residencia se libró el miércoles de la piqueta in extremis. Fue una jornada dramática, en la que la dueña de la casa incluso se encerró en uno de los armarios de la estructura para evitar que la Axencia da Protección da Legalidade Urbanística (APLU) la derribase.
María José Barreiro admitió que cuando construyó la vivienda ya sabía que era ilegal. Mientras la empresa instalaba su hogar tronco a tronco, ella pensaba que disfrutaría de la residencia «hasta el día que me toque y la tiren». Pero desde que levantó la casa de 100 metros cuadrados en el año 2000, la Xunta, a través de la Consellería de Medio Ambiente, sancionó hasta en tres ocasiones a María José Barreiro. Fuentes del departamento autonómico que dirige Agustín Hernández indicaron que la primera multa se impuso en el año 2007 por 8.000 euros, misma cantidad de la segunda sanción, que se produjo en el año 2009. La Xunta remitió la tercera penalización este mismo año por un valor de 4.000 euros.
Lejos de quedarse con los brazos cruzados, la dueña de la casa, que se encuentra a pocos metros de la playa nudista de Bascuas y la de Montalvo, reveló su intención de demandar a la Administración autonómica «por daños y perjuicios, ya que todo esto está acabando con mi salud», precisó durante la entrevista en Radio Voz.
Muro de contención
El caso de María José Barreiro puede ser el primero de una lar5ga lista de viviendas que, al parecer, están en el punto de mira de la APLU. «Como la mía hay muchas en esta zona», señaló la afectada. «Los políticos, y yo tengo padrinos poderosos, me prometieron que no le pasaría nada a mi casa, y en caso de que le sucediera algo a la vivienda, todas caerían», apuntó.
Los problemas de María José Barreiro no se acaban en su hogar de segunda residencia. La Axencia da Protección da Legalidade Urbanística también ordenó que el muro de contención construido en su día de 2,5 metros de altura, se reduzca en metro y medio. «Tengo la licencia municipal que me autorizó construir el muro con esa altura, y ahora me piden que lo rebaje a un metro», recalcó. «Esto es otra injusticia».