El PP da un mes al Concello para evitar ir al contencioso por el nuevo párking
PONTEVEDRA
La guerra abierta que desde hace días disputan Concello y oposición sobre el pago de las facturas del párking de la Plaza de España libró ayer una nueva batalla en el pleno extraordinario que, con demasiada polémica por la fecha, se celebró en plena Semana Grande de Pontevedra.
Si antes de septiembre el Concello de Pontevedra no da marcha atrás en su intención de pagar la factura de medio millón de euros por las excavaciones arqueológicas, los populares llevarán al bipartito al contencioso. El Partido Popular da una tregua hasta entonces. Para que mediten en las vacaciones de agosto, Telmo Martín recurrió, antes de despedirse, a una sentencia similar a la que se enfrentó el Ayuntamiento de Burgos y que finalmente obligó a la empresa a hacerse cargo del coste de las obras. Y es que Gobierno local y oposición sacaron ayer en el Teatro Principal la artillería pesada. El portavoz popular Telmo Martín entregó al secretario del Concello un informe elaborado por los servicios jurídicos del partido para evitar que se paguen los 500.000 euros pendientes. Señaló que «non se pode pagar a factura, pedímoslle que fagan unha revisión de oficio para evitar o contencioso».
Con la ley en la mano
Pero al embiste de Martín, el concejal de Infraestructuras, César Mosquera, advirtió, con el Boletín Oficial de Pontevedra del 3 de junio en la mano, de que la normativa reconoce que «se a promotora da obra é unha Administración asumirá integramente o custo das intervencións arqueolóxicas». El contrato firmado entre Concello y empresa concesionaria reconoce que la compañía Cintra, adjudicataria del servicio, se encargaría de la financiación de los trabajos.
Mosquera rebatió en varias ocasiones que no se contaba en el proyecto con las excavaciones arqueológicas, a pesar de estar en las inmediaciones de las ruinas de Santo Domingo, y por tanto, y tal y como recoge la normativa de Patrimonio Cultural de Galicia, debe ser el promotor el que se haga cargo del pago. Los populares no niegan esta máxima, sino que aseguran que solo es legal llevarla a cabo si la explotación del párking fuese a correr a cargo de la Administración pública, como reprocha Martín que debería ser. «Entrégase a unha empresa por 50 anos para que esta saque un beneficio de 30 millóns de euros», indican desde las filas populares.
Aparcamientos públicos
La respuesta no se hizo esperar y tanto el concejal de Infraestructuras, como la teniente de alcalde, Teresa Casal, contestaron que «se era tan rentable porque non o fiséchedes co aparcamento da Xunta. Se xestionalos é unha millonada por que non se fan no resto de concellos».
Durante casi dos horas, la «tertulia» se convirtió en una batalla legal, en la que los convocantes del pleno (PP) exigieron que no se paguen las facturas, mientras socialistas y nacionalistas demandaron explicaciones de esta guerra abierta después del silencio y las aprobaciones de los dos últimos años en todos los temas relacionados con la obra. En septiembre se reanudará la actividad y la contienda.