Xunta y empresas no logran un pacto para eludir el derribo del tanatorio Montecelo
PONTEVEDRA
La Administración, que había permitido su construcción, se podría enfrentar a una fuerte indemnización
07 ago 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Los propietarios del tanatorio de Montecelo conocieron ayer la decisión definitiva de la Xunta de no paralizar el decreto de demolición que pesa sobre el complejo sociosanitario que, en un principio, está fechada para el 12 de agosto.
«Hemos salido bastante decepcionados», afirma Nair Fernández, abogada de los propietarios del tanatorio. «Es verdad que existe una resolución judicial que nos es desfavorable, y que indica la demolición del edificio, pero también entendemos que hay otros argumentos de peso que deberían valorar el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y la Xunta de Galicia y que no han tenido en cuenta», afirmó.
El conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, explicó ayer el papel de la Xunta en este asunto: «Nós levamos a cabo a demolición por mandato xudicial». También resaltó que solo podrían evitarlo en caso de que el Juzgado modificase su acuerdo. En todo caso, el titular de Medio Ambiente precisó que tal y como está el expediente en este momento, la Xunta «ten que actuar para acatar unha orde de derribo».
El tanatorio se encuentra instalado en un terreno declarado rústico en el PXOM de Pontevedra, pero cuenta con los permisos debidos otorgados por las Administraciones local y autonómica. «La normativa que existe ahora mismo no es la misma que la de 1993, cuando se dictó la primera sentencia. Ha habido hasta cuatro cambios legislativos desde entonces. Y la normativa de marzo que entró en vigor en mayo de este año permite un equipamiento público o privado en suelo rústico», explica la defensa.
«Por lo tanto -continúa-, si nuestra normativa autonómica permite la construcción de un tanatorio en este tipo de suelo, parece un poco absurdo que se empeñen en derribar algo que se puede construir dos días después».
Representantes de las funerarias que trabajan en el tanatorio -Alianza y Barros, Central Funeraria y Pompas Fúnebres Pontevedra- informaron a los directivos de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanísitica (APLU) de que exigiran una indemnización. La defensa todavía no maneja una cantidad exacta pero «será unha grande suma, de varios millóns de euros» -vaticinan desde la empresa- por el valor del edificio y por lucro cesante, es decir: por dejar de recibir unos beneficios provenientes de la actividad económica realizada.
El día 12 de agosto se llevará a cabo la demolición «dunha instalación necesaria que sería reconstruida case de inmediato», afirman desde el tanatorio, que también denuncia la imposibilidad de participar en el jucio como una de las partes antes de que se produjera la sentencia, «polo que non puideron exercer a nosa defensa», según fuentes de las empresa.
Funcionarios da APLU ya han precintado las instalaciones de Montecelo. La ejecución del derribo del tanatorio, Pontevedra pasa de tener trece velatorios a un total de cinco, tres situados en San Mauro y dos en el asilo de ancianos.