La sentencia por el hostigamiento a los realojados en Monte Porreiro califica los hechos de «reprobables» y «censurables». Hay condena judicial, pero falta la política
09 may 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Los jueces se mueven en el terreno de las leyes. Los políticos, en el de los resultados electorales. La aplicación estricta de esas leyes ha dejado una condena de una multa de 75 euros a una de las vecinas que participó en las protestas contra los realojos de vecinos de etnia gitana en Monte Porreiro durante el año 2008.
Pero la aplicación estricta de la ley, con una pena testimonial, no ha impedido que la jueza encargada del caso sí diga en voz alta, negro sobre blanco, en la sentencia, lo que la máxima autoridad de la ciudad, el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, calló en esos meses del 2008, cuando el barrio entró en una espiral de racismo e intolerancia. La actitud de los vecinos hostigando a las familias de O Vao realojadas en el barrio es «reprobable», «a todas luces censurable», «intimidatoria» y «censurable socialmente». Los entrecomillados son citas fieles de la sentencia judicial. Palabra de jueza.
Y quienes vivieron los sucesos en primera persona lo saben. Este cronista escuchó atónito a participantes en las manifestaciones como se declaraban en el calor de los enfrentamientos verbales a pie de calle abiertamente racistas. Pero el discurso político, encabezado por el regidor de la ciudad era de abierta comprensión con quienes promovían las manifestaciones.
Las citas que siguen son del regidor en marzo del 2008, en pleno hostigamiento a los gitanos realojados. «O alcalde está cos veciños de Monte Porreiro por enriba de todo». «A única solución posible é realoxar as familias no Vao». Perpetuar el gueto. Receta de alcalde.
Habla el Parlamento
Dos meses después, el Parlamento de Galicia acordó facilitar el acceso al pueblo gitano de una vivienda digna. En Santiago, en la rúa do Hórreo, la política también busca resultados electorales. Pero en Pontevedra, una asamblea con mil vecinos clamando contra un plan de integración social, sonaba a una horquilla de votos suficiente para tumbar o apuntalar un gobierno municipal.
A los plenos municipales no suele asistir público. El del 14 de marzo del 2008 estuvo lleno hasta la bandera de vecinos de Monte Porreiro, que también saben que los políticos se mueven en el terreno de los resultados electorales.
Dicen ahora los portavoces vecinales de Monte Porreiro que la convivencia en el barrio se ha roto. Que se ha echado por tierra el trabajo de décadas de integración. Quizá no ayudó demasiado que no hubiese condenas enérgicas del Concello a un comportamiento reprobable de un considerable número de sus vecinos. Uno de ellos ha sido condenado por aquellos días tristes para la historia de la ciudad.
Más sombras. La propia jueza habla de que «una incompleta labor policial» ha impedido poner nombres y apellidos a aquellos a los que no espetaron abiertamente un «sí, soy racista» a la cara de quien les afeó una conducta intolerante. O, como dice la jueza, «reprobable», «censurable», «intimidatoria» de un grupo de vecinos. Votantes.