Moreira asegura que el gobierno local realizó «una consulta trampa» porque renuncian a conocer las identidades
15 abr 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Un juez determinará si el Partido Popular tiene o no libre acceso a las nóminas de los funcionarios y trabajadores municipales como miembro de la oposición.
Al menos, así lo pretende el grupo liderado por Telmo Martín, que desde diciembre del pasado año lleva pidiendo insistentemente al gobierno local que preside Miguel Anxo Fernández Lores esta información con el ánimo de verificar «la coincidencia de las nóminas con lo que figura en los presupuestos generales del Ayuntamiento, en las plantillas y relación de puestos de trabajo, así como la constatación de que se abonan correctamente las retribuciones debidas». Aseguran, que por ello, «no basta con la información que los citados documentos proporcionan».
El edil popular Jacobo Moreira se encargó ayer de hacer público el recurso contencioso-administrativo por el procedimiento especial para la protección de datos de la persona presentado hace solo unos días por el PP de Pontevedra, en el que alegan que se están vulnerando los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
La oposición esgrime que hay jurisprudencia que avala su petición de que el juzgado acuerde requerir con carácter urgente al Ayuntamiento de Pontevedra «para que el plazo máximo de cinco días, a contar desde la recepción del requerimiento, remita el expediente acompañado de los informes y datos que estime procedente». Así, citan una sentencia del Tribunal Constitucional (177/2002 de 14 de octubre) sobre lo establecido en dos artículos de la Constitución Española, el 23.2 y el 23.1; la Ley autonómica 5/1977 de Administración Local de Galicia y el artículo 14.1 del ROF, que establecen que todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a obtener del alcalde o presidente de la comisión de gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. También apuntan que el 16.3 del ROF prevé que los miembros de la corporación local tengan acceso a informaciones reservadas, respecto a las cuales han de guardar secreto.
Moreira subrayó al respecto, que su grupo no pretende acceder a los datos personales de los funcionarios, tal y como precisa en su demanda, al señalar que su grupo hizo constar en el Ayuntamiento que en su petición «no era precisa la indicación de la identidad del trabajador».
Por ello, acusó al alcalde de «falta de transparencia y de intentar enfrentarnos a los sindicato y a los empleados del ayuntamiento», al tiempo que lamentó que «a estas alturas de la democracia nos veamos obligados a recurrir a los tribunales».
Considera que el gobierno local ha tramitado «una consulta trampa» a la Agencia Española de Protección de Datos, al asegurar que han omitido la conformidad del PP a renunciar a la identidad del titular de la nómina solicitada.
Recordó que en el 24 de marzo también pidieron un listado sobre la relación de móviles con cargo a las arcas municipales que tampoco se les ha facilitado. «¿Esto también es confidencial y afecta a la intimidad?», se cuestionó.