Una cuarta parte de los procesos sancionadores graves a firmas de seguridad caducan por los plazos

Aproximadamente una cuarta parte de los procedimientos sancionadores incoados en Pontevedra a empresas y personal de seguridad privada por parte de la Subdelegación del Gobierno, y que fueron tipificados como infracciones graves o muy graves, caducan «por haber excedido el plazo de finalización del procedimiento», según datos oficiales del Gobierno. Así, los expedientes incoados en el 2008 fueron de 52 por faltas graves y una treintena por muy graves, de los cuales 22 terminaron prescribiendo.

Lo cierto es que las cifras de las Rías Baixas son elevadas y así lo reconocen desde la propia Administración central. Tras aclarar que la mayor cifra de expedientes caducados se registran en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, Pontevedra se sitúa empatada con Sevilla como la novena provincia donde se produce con mayor frecuencia esta situación.

Es por ello que desde el Ministerio del Interior considera a las Rías Baixas como una de las «zonas geográficas que han de ser reseñadas igualmente por el número significativo de expedientes caducados en relación con el resto de España».

Lo cierto es que los datos de Pontevedra contrastan negativamente con los que se contabilizaron en el 2008 en las restantes provincias gallegas, si bien porcentualmente las Rías Baixas ofrecen mejores guarismos que algunas de las otras tres regiones gallegas. Sin ir más lejos, en A Coruña prescribieron media docena de los 32 expedientes incoados, mientras que en Ourense siguieron esta misma pauta dos de los siete tramitados. En Lugo, solo se tuvo constancia de la caducidad de un procedimiento cuando se incoaron una decena a lo largo de ese año.

Las causas

En cuanto a las causas que explican la apertura de estos procesos administrativos por parte de la Subdelegación del Gobierno, desde el Ministerio del Interior se apuntó que una buena parte de estos 82 expedientes estuvieron relacionados con algún tipo de falsa alarma, en 33 casos, y con episodios de intrusismo profesional, en otros veintiséis supuestos. Así, los restantes veintitrés procedimientos aparecen desglosados bajo la categoría de otros.

En cuanto al 2009, a mediados del mes de diciembre, la Subdelegación había tramitado ya 69 expedientes de infracción derivados de más de un millar de inspecciones realizadas durante esos doce meses. Ya por aquel entonces, Delfín Fernández precisó que se había observado un incremento de las sanciones graves y de las muy graves frente a las conductas más leves y que, por tanto, conllevan una sanción económica menor.

Dado los plazos con los que se juega con la tramitación de los expedientes, a priori, aún no se podría determinar si el pasado año seguirá la tónica del 2008 o, si por el contrario, se mejorará la ratio. No hay que olvidar que, en la provincia, coexisten algo más de medio centenar de empresas de seguridad debidamente acreditadas que emplean a más de 1.100 personas, entre personal propiamente de vigilancia, detectives, directores de seguridad...