El personal de la planta de IKF en Cuntis aguarda detalles del despido antes de tomar medidas
PONTEVEDRA
Los trabajadores de la fábrica de IKF España (antigua Cedonosa) en Cuntis participaron ayer por la tarde en una asamblea informativa promovida por el sindicato UGT. Según fuentes consultadas por La Voz, en el encuentro no se adoptó ninguna medida, a la espera de que la multinacional francesa inicie el trámite que conllevará el cierre de la fábrica y el despido de los setenta trabajadores de la planta ubicada en A Ran.
«Fue una asamblea informativa. Esto todavía no empezó. Hubo una comunicación oficial de la empresa, pero no se inició el trámite, que no sabemos cuál va a ser. No sabemos nada», afirmó una trabajadora.
Por su parte, la teniente de alcalde de Cuntis, la nacionalista Belén Pazos, reiteró ayer que el Ayuntamiento está a disposición de los empleados para lo que puedan necesitar. Entre los afectados por el cierre de Cedonosa-IKF «hai amigos, familiares e veciños -dijo la edila-. Nós, desde o BNG, levamos industria e queremos ter información de primeira man antes de dar ningún paso».
Pazos Touriño se refirió también a las declaraciones realizadas el miércoles por el presidente de la Asociación de Empresarios de A Ran, José Maquieira. El dirigente del colectivo lamentó el cierre de Cedonosa-IKF y aprovechó la coyuntura para denunciar la situación del polígono industrial de A Ran, esquistada desde hace años.
La concejala compartió algunos de los argumentos expresados por Maquieira, especialmente los relativos a la necesidad de regularizar la situación de las empresas ya instaladas para evitar la pérdida de nuevos empleos, pero dejó claro que la pelota está en el tejado de la Xunta. «Neste momento difícil para os traballadores de IKF fago un chamamento a Xestur para que axilice os trámites do polígono, porque hai máis dun ano que se aprobou o plan sectorial», remachó.
Belén Pazos recordó que una de las primeras medidas que adoptó el BNG al llegar al Concello fue no cobrar las tasas a los empresarios de A Ran tras la sentencia del Tribunal Supremo que en el 2006 anuló el plan parcial del polígono.