Más problemas para las maltrechas arcas municipales y la gestión urbanística del Concello de Sanxenxo. Ayer se supo que los promotores de una de las dos bolsas de suelo de Monte Faro (SU-13) han presentado un Contencioso-administrativo para reclamar al Ayuntamiento 3,8 millones de euros.
Se corresponde a la cifra que pagaron en su día las sociedades Emprosal 16 y Lanzagolf a cambio de no tener que construir en el ámbito urbanístico el 20% de vivienda de protección autonómica (VPA) que obliga la ley.
A los 3,8 millones que se exigen ahora, hay que sumarle los 4,7 millones en concepto de devolución que ya ha solicitado Mirador de Sanxenxo al encontrarse en la misma situación. Entre los promotores de ambos ámbitos contemplaban acometer un macrocomplejo de 2.783 viviendas, un campo de golf, área comercial y equipamientos educativos.
Fuentes cercanas al caso indicaron que a pesar de que se conoció antes la reclamación de los promotores del SU-14 (Mirador de Sanxenxo, propiedad de la familia Cotino, hermano y sobrino de un conseller de la Generalitat Valenciana), la del SU-13 es todavía anterior.
Las citadas fuentes indicaron que los promotores del SU-13 y el Ayuntamiento entablaron negociaciones para alcanzar un acuerdo factible para ambas partes. Los dos desarrollos urbanísticos ocupan un suelo de unos 600.000 metros cuadrados y están divididos por la vía de O Salnés. La situación fue revelada ayer por el BNG local. Su portavoz, David Otero, afirmó que «é vergoñento que a alcaldesa decidise poñerlle un prezo á non realización de vivenda pública».
Como consecuencia de ambas reclamaciones, el edil nacionalista le exige a la regidora que ofrezca «garantías xurídicas suficientes, solventes e irreversibles para que este proceso non vaia rematar na devolución» de los 8,6 millones de euros.
Asimismo, David Otero señala que por el bien de la salud municipal «a resolución de estes conflitos sexan favorables. É inaudito que un convenio firmado por dúas partes poida rematar nun contencioso», sostuvo el concejal del BNG, en referencia al acuerdo suscrito en su día para la exoneración del 20% de vivienda de protección oficial.
La reclamación de todos los promotores de la macrourbanización de Monte Faro alegan que cuando se firmaron los convenios en el 2006 estaba en vigor una medida que obligaba destinar el 20% del total de la edificabilidad a vivienda de protección pública. Sin embargo, la ley fue reformada en junio de 2008 por lo que la sociedades mercantiles entienden que el acuerdo original había quedado superado.
El dinero recibido por el cambio se destinó a la compra de punta Vicaño, un espacio natural ubicado entre las playas de Silgar y Baltar.