A pesar de reconocer que no es técnico en la materia, el letrado pontevedrés estima que eliminar los rellenos no tendría que suponer un mayor impacto ambiental
15 nov 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Con cautela, midiendo las palabras, Juan Areses Trapote, el abogado de la Plataforma Veciñal Os Praceres que consiguió que el Supremo anulase el Plan Especial del Puerto de Marín, aborda la noticia de una nueva licitación de rellenos en las instalaciones portuarias: «Es un tema del que no estoy en condiciones de opinar porque escapa a mi actuación. Podría opinar a nivel de Juan Pueblo, pero prefiero no hacerlo. Serían valoraciones políticas sobre hechos que parecen que están en manifiesta contradicción con lo que dice el Supremo».
-¿La de los rellenos no es la primera sentencia que se dicta a favor de los vecinos?
-No, ya son varias, pero también perdemos muchos asuntos. La ventaja que tenemos es que perdemos batallas pero ganamos las guerras, no yo, sino la plataforma. De todo hay en la viña del señor y nos llevan negando el pan y la sal mucho tiempo.
-¿Qué falla en la Administración para que se sigan dando estos casos?
-Ya sabemos todos como funcionan. Son decisiones políticas y no importa quien tenga la razón o lo que esté bien o lo que esté mal. Hay objetivos y se cumplen. Lo único que veo claro es que aquí nadie se equivoca. Cuando los tribunales dicen que unas actuaciones son ilegales, todos dicen que estaban de acuerdo en lo contrario que se hizo. Nadie entona el mea culpa. ¿Y la administración? Tiene sus objetivos y no le importan las razones legales en absoluto.
-¿Se llegará a ejecutar el fallo?
-En principio, las sentencias son para ejecutarse. No sirve para nada tener una sentencia, colocarla en un cuadro y ponerla en el salón. La Constitución dice que los jueces tienen el poder de juzgar y de ejecutar. Es cierto que la problemática de algunas sentencias es enorme y tenemos la experiencia del tren, donde una sentencia de hace muchos años dice que no se puede hacer un paso a nivel por la plaza de Os Praceres y, a día de hoy, está sin ejecutar. Esta sentencia anuló la actuación porque no se podía hacer un paso a nivel y ahora la Administración pretende eludir el incumplimiento de la resolución no haciendo desaparecer el paso a nivel, sino haciendo desaparecer la plaza. Quiere elevar a los peatones por encima de la plaza. Es como si pasa el ferrocarril por la Gran Vía de Madrid, hay una reacción social contra esa ilegalidad y la solución es no suprimir el tren, sino que los peatones sobrevuelen el tren. No sé que van a hacer en Os Praceres para que los coches también lo sobrevuelen. Es un debate que tenemos ahí.
-Lo cierto es que la ejecución de sentencias es uno de los graves problemas de la Justicia.
-Sobre todo en el campo de lo contencioso administrativo, que es muy complicado. Hay muchas vías de escape, hay intereses públicos y, en este caso, el abogado del Estado seguramente planteará algunas cuestiones.
-Una de ellas, de la que se habla ahora, es que supuestamente aplicar el fallo provocaría más daño medioambiental.
-Eso habría que preguntárselo a los que saben de protección medioambiental. En todo caso, parece llamativo que se considere que se van a hacer nuevas voladuras y que eso no va a producir impacto medioambiental. Habría que preguntarse qué paso con las mariscadoras de Lourizán que tienen un PER desde hace muchos años. Están subsidiadas porque desapareció el marisqueo. No soy un técnico pero no creo que suponga mayor impacto.
-Precisamente, la falta de informe ambiental fue uno de los argumentos que utilizó el Supremo para anular los rellenos...
-Esa es una de las razones fundamentales que sustentan la sentencia, pero hay otras. En este caso, la Administración, sabiendo a ciencia cierta que necesitaban un informe de impacto medioambiental para ampliar el puerto, uso un subterfugio. En vez de poner en marcha un proyecto de desarrollo del puerto de acuerdo con la Ley de Puertos, elaboró un plan especial que tiene connotaciones de tipo urbanístico. Los planes especiales urbanísticos no precisan de estos informes, de tal modo que bajo la cobertura de un inocente plan especial para regular usos dieron cobertura a algo que si necesitaba y exigía este informe. Lo que la sentencia les dice es que ''ustedes han hecho un puerto nuevo y hacer un puerto nuevo exige unos planes''. Le cambiaron el nombre para evitar esos trámites pero sabían sobradamente, por las protestas y las reclamaciones que se hicieron, que no es posible ocupar trescientos mil metros cuadrados de lámina de mar sin hacer un estudio de impacto ambiental. Y había precedentes. En el puerto de Ibiza se hizo lo mismo hace muchos años y el Supremo dijo que era una actuación encubierta. El nombre no es lo que da cuerpo a los hechos.
-Existiendo esos antecedentes, ¿cómo es posible que el TSXG avalara la actuación?
-Eso habría que preguntárselo al TSXG. En derecho, todo es opinable e interpretable. En todo caso, ante un problema de esta magnitud habría que haber paralizado cautelarmente las obras porque si todos tuviesen la misma opinión no harían falta los recursos.
-Antes aludió a que, además del informe de impacto ambiental, existieron otras razones que llevaron al Supremo a anular el plan especial.
-Sí. El tribunal destaca, sin decirlo expresamente, que se han escapado de la vía legal para hacer un puerto nuevo. En Marín se hizo un puerto nuevo bajo la cobertura de un plan especial. Tendría que haberse hecho un proyecto de desarrollo del puerto. Prácticamente es imposible que haya alguien que pueda decir que volar trescientos mil metros cuadrados de roca no produce un impacto ambiental. Y todo esto, ¿para hacer un puerto? No, para hacer un polígono industrial. En Marín tenemos empresas que se dedican a fabricar repuestos de automóviles. Ninguna de las industrias allí instaladas necesitan estar en el puerto, ni siquiera usan el agua salada. Es un polígono industrial que se han inventado y con todos los efectos que tiene. Infringe la Ley de Costas...
-En todo caso, el futuro del puerto es un debate que está en la calle.
-La calle está siempre un poco dormida. Este problema lleva existiendo ocho años y si toda la calle se hubiera movido entonces, a lo mejor no pasaba esto. Hace muchos años que no creo en la Justicia, solo creo en la fuerza de los movimientos vecinales, pero lo cierto es que la historia está llena de pleitos perdidos o que se mueren antes de nacer porque no hay apoyo social. En el caso del puerto, las asociaciones estarían mejor calladas porque a la plataforma la dejaron sola.