Mientras los abogados del Estado trabajan sin descanso para intentar buscar un hilo de esperanza que evite la aplicación de la sentencia en el puerto de Marín, la Plataforma de Os Praceres y APDR no solo exigen la ejecución inmediata del fallo sino que piden que se condene a las Administraciones que en el año 2000 aprobaron la obra de relleno y a las que lo ratificaron en el 2005, pese a que esta decisión borraría de un plumazo más de 300 empleos directos y la principal fuente económica de Marín.
Las declaraciones del presidente de la Autoridad Portuaria, José Benito Suárez, en las que consideraba que devolver al mar los 300.000 metros cuadrados de la terminal de contenedores causaría más daño medioambiental que el que supuso levantarlo, no dejó indiferente a ambos colectivos. El responsable de APDR, Antón Masa, señaló ayer que «os recheos si tiveron unha repercusión importante e paréceme unha irresponsabilidade escudarse en que xa están feitos para non executar a sentencia».
Esta misma opinión la comparte uno de los artífices más activos contra la obra y presidente de la Plataforma de Os Praceres, Eladio Torres, quien va un poco más allá y asegura que «o impacto de tiralo non existe e me consta que o Supremo pediu a esta xente os estudios medioambientais cando fixeron a obra».
Sin embargo, Suárez Costa recalca que pese a la preocupación inicial, el Puerto está tranquilo a la espera de que se solucione el «malentendido de la documentación». Para APDR este primer paso que anula el relleno portuario sienta un precedente que «da lexitimidade para que xa non se fagan recheos de forma descontrolada».
Torres afirma que en el 1999 cuando se elaboró el Plan Especial del Puerto y un año después en el momento de aprobarlo, «ninguén tomounos en serio» y ahora se sorprenden de la decisión judicial, pero «a día de hoxe xa se deron os primeiros pasos pasos para que esto se execute». Entre los que deberían sentarse a declarar está el actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, que cuando se ratificó el plan era el conselleiro de Política Territorial.
El alcalde de Martín, Francisco Veiga cree que la Xunta tiene un papel importante y que «los que estaban en el 2000 tanto a nivel político como técnico deben asumir sus responsabilidades».
300 empleos en peligro
De la mano de CC.OO., los sindicatos entraron ayer en la polémica y piden a los implicados que formen una comisión que busque una alternativa política a una sentencia contra la que no cabe alegación. «Queremos transmitir a Suárez Costa que se constituya una comisión formada por la Autoridad Portuaria, Concellos de Pontevedra y Marín, Diputación, la Cámara y la Asociación de Empresarios, los sindicatos y la plataforma», explica García Pedrosa, secretario comarcal de CC.OO., quien advierte de que esta medida es «desde o punto de vista laboral o tema máis grave que se ten visto na comarca porque afecta ao polígono industrial que xenera máis empregos directos e indirectos».
No solo caerían los más de 300 empleos de las cuatro empresas que ocupan la zona afectada -Gonvarri, Pérez Torres, Tradepana y Protea- sino que dañaría de forma indirecta a todos los puestos que genera la terminal de contenedores. Lo que llama la atención entre los representantes sindicales es que nadie haya tomado una medida cautelar en un punto, ahora ilegal, en el que se invirtieron más de 150 millones de euros.