El TSXG anula la aprobación para el desarrollo del plan parcial del suelo del súper de Eroski

N.???S.

PONTEVEDRA

15 ene 2009 . Actualizado a las 02:00 h.

El Tribunal Supremo de Xustiza de Galicia anuló ayer la aprobación de la resolución de la junta de gobierno del Concello de Sanxenxo para el desarrollo del plan parcial del suelo urbanizable donde se contempla la construcción de un Eroski y unas trescientas viviendas.

La bolsa de 55.000 metros cuadrados de superficie está ubicada en Seixas, perteneciente a la parroquia de Padriñán.

Sin embargo, la sentencia emitida por la sección segunda de lo Contencioso-administrativo del alto órgano judicial gallego es susceptible de recurso de casación que habría que presentar en un plazo máximo de diez días. El tribunal consideró una anulación similar a otro de los desarrollos urbanísticos previstos en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

Se prevé que la planta del supermercado ocupe una superficie de más de ocho mil metros cuadrados, que tendrá además un aparcamientos con 200 plazas.

La resolución anulada fue tomada por la junta de gobierno de Sanxenxo el 20 de octubre del año 2005.

Reposición de un vial

Por otro lado, el Concello requirió ayer la reposición de un camino afectado por las obras de urbanización del suelo número 27, una bolsa que contempla la edificación de de 200 viviendas en Altamira.

De acuerdo con fuentes municipales, la petición fue notificada en la mañana de ayer a la promotora de la obra a raíz de una decisión tomada por la gerencia municipal de Urbanismo de Sanxenxo.

Según refleja un informe de la Policía Urbanística, como consecuencia de una serie de denuncias presentadas por vecinos, el vial se encuentra en un estado pésimo de conservación, «o que fai que a día de hoxe esté prácticamente intransitable tanto para peóns como para vehículos».

Debido a la situación del camino, Urbanismo ha concedido un plazo de 24 horas a la empresa responsable de las obras de urbanización del SU-27 para que repongan el camino a su estado original. De lo contrario, el gobierno local procedería a la incoación de multas y un expediente sancionador por los hechos ocurridos.