La Diputación pone una pica en la guerra política del viento

Cuando la polémica por el concurso eólico arrecia, la Diputación de Pontevedra ha encontrado una hábil manera de introducirse en el debate. Y además enfundada en el traje de benefactor de los ayuntamientos de la provincia. En medio de las acusaciones de oscurantismo y los negocios millonarios al amparo del decreto que moverá una inversión de más de cinco mil millones de euros, solo unos pocos miles le valdrán a la institución que preside Rafael Louzán para hacerse un hueco en el debate.

La Diputación ha aprovechado una reciente sentencia del Tribunal Supremo para que su voz se oiga también ligada al debate del viento. Y lo hace además con la satisfacción de ser el que llegará con el saco del dinero para los concellos con parques eólicos debajo del brazo. La decisión judicial específica que los molinos de viento que salpican y poblarán ahora de forma masiva el monte deben tributar a los ayuntamientos como bienes inmuebles de características especiales, con la consiguiente subida del tipo impositivo del 0,4 al 1,5.

Y es ahí donde entra en juego la Diputación. Para que los molinos, instalados en su mayor parte en pequeños municipios del rural, tributen, deben estar inscritos en el catastro, que a su vez les gestiona la Diputación de Pontevedra a través del servicio del Oral a estos pequeños municipios.

«A riqueza que se estaba a xenerar era bastante ínfima. É un filón para todos, unha mina. Todo o que da leite hai que muxilo cada vez máis. Neste caso para beneficio dos concellos», opina Manuel Míguez, de la Asociación de Comunidades en Mancomún de Galicia.

Rafael Louzán le ha puesto voz así a los olvidados en el vendaval político. «Era hora de que os concellos tamén se beneficien de este negocio», reclamó el presidente de la Diputación de Pontevedra la semana pasada. Xosé Alfredo Pereiras, de la Federación Galega de Comunidades de Montes comparte la opinión: «Donde se vai producir a riqueza é en terras veciñais. O que temos que debatir é se o decreto que regula a enerxía eólica é o máis adecuado para que o aproveitamento eólico beneficia ao país, entendendo por tal aos homes e mulleres que o habitan, pero o tema impositivo está por bo camiño».

Acción municipal coordinada

Manoel Loureiro, el alcalde socialista de Cotobade lo tiene claro también: «Un Concello como o de Cotobade non percibía ningún beneficio. Temos que organizarnos como concellos co fin de recadar unha parte do gran valor que xeneran os aeroxeneradores».

El beneficio del negocio será grande, sin duda. No tanto para los ayuntamientos, pero sí al menos de las mismas dimensiones que la polémica que se avecina tras una adjudicación llena de dudas y que tendrá que resolverse en un gobierno gallego cuyos socios no han ocultado su más que tirante relación en lo que afecta al negocio del viento.

Y Rafael Louzán ha cogido una bandera que ondear cada vez que arrecie el vendaval político del concurso eólico.