La paciencia de los vecinos de Echegaray para con los okupas del número 11 de está céntrica calle parece que se desborda por momentos. Si el jueves la Asociación de Vecinos San Roque exigió al Concello de Pontevedra que obligue al propietario del inmueble a que tapie sus accesos, ayer numerosos residentes pidieron una intervención policial.
Sostienen que la presencia de los indigentes ha convertido el edificio en un foco de contaminación -en la puerta que da paso a la escalera que va a las plantas superiores se pueden observar restos de huesos y productos con claros síntomas de putrefacción- y de insalubridad. Asimismo, al igual que veinticuatro horas antes, reiteraron sus quejas por los supuestos malos modos y provocaciones que los okupas suelen dirigir a los viandantes.
En este marco, culpan a la empresa que se hizo con el inmueble tras comprárselo a los dueños del bar Garrido de haber propiciado esta situación. Así, algunos de los vecinos consultados aseguraban ayer no comprender cómo la firma no había tomado cartas en el asunto, al menos, en el momento en el que el abandono del edificio empezó a ser noticia en los medios de comunicación.
Sobre esta cuestión hubo quien dejó caer la posibilidad de que la empresa esté atravesando un mal momento a nivel económico como consecuencia de la crisis económica que se respira. Por su parte, los responsables de la única compañía que se anuncia en la puerta de esta edificación se corresponde con una firma de la comarca que, según manifestaron, únicamente fueron llamados para hacer un presupuestos para una reforma, sin que esta hubiese salido adelante.
Respuesta municipal
En relación con el inmueble de Echegaray, el concejal Guillerme Vázquez manifestó ayer, a eso de las doce del mediodía, que aún no tenía constancia del escrito que la asociación San Roque tramitó a través del registro municipal. En cualquier caso, el edil responsable de Seguridad vino a asegurar que el cuerpo municipal actuará en el momento en que se interponga una denuncia o se tenga constancia de hechos ilícitos, y siempre atendiendo al protocolo establecido de intervención policial.