Acabar con el caos urbanístico que sufren las Rías Baixas y, en menor medida, las comarcas interiores requiere poner sobre la mesa importantes medios materiales y humanos. Es la advertencia que dejaron sobre la mesa de las jornadas de urbanismo expertos curtidos en mil batallas jurídicas y políticas con el ladrillo como telón de fondo. Algunos se han atrevido incluso a dar cifras: la provincia de Pontevedra requiere 250 funcionarios para poner orden en materia urbanística.
El cálculo corresponde al concejal pontevedrés César Mosquera, actual responsable del plan de Pontevedra y del área de Infraestruturas. Solo en la capital de la provincia hay 30 personas dedicadas a disciplina urbanística, gestión y planeamiento (sin incluir obras). De ellas, cuatro son juristas, seis arquitectos y arquitectos técnicos. Hay además, delineantes, auxiliares y administrativos. Vigo precisaría unas 90 personas si se aplica un cálculo proporcional a su población a partir de las cifras de Pontevedra.
El concejal nacionalista y portavoz del BNG en la Diputación reprochó al gobierno que encabeza Rafael Louzán que no haya puesto en marcha un ente para poner orden en la provincia, similar al ORAL, el organismo autónomo que recauda para 52 concellos diversos impuestos y tasas, entre ellos, IBI, vehículos y las cantidades correspondientes a la expedición de licencias urbanísticas.
Desde el gobierno provincial se reconoce la penuria de medios que soportan los concellos. El propio Louzán asegura que algunos ayuntamientos pontevedreses deben conformarse con un aparejador medio día a la semana. De momento, la Diputación se ha limitado a crear una oficina de asesoramiento, dirigida por Encarnación Rivas.
A lo largo de los últimos cien días, 18 concellos efectuaron consultas formales a la oficina sobre todo tipo de cuestiones urbanísticas. Otros diez ayuntamientos lo hicieron por vía telefónica. Más del 50% de las dudas se refieren a la edificabilidad en núcleos, si bien también hay muchas preguntas sobre los planes y el suelo que permite implantar nuevas dotaciones.
Presiones locales
Es pronto, sin embargo, para predecir el desarrollo futuro de esta oficina. A favor de que asuma más competencias puede jugar el deseo de no dejar a los concellos solos ante el peligro. En contra hay otros factores, entre ellos, las presiones locales para no ceder el control urbanístico a un ente centralizado en Pontevedra o las desconfianzas políticas.
Un ente que sirviese a concellos de distintos colores debería tener asegurada su independencia o la participación de todas las fuerzas políticas, máxime si se tiene en cuenta que la Diputación siempre ha sido gobernada por UCD y el PP desde 1979. En contra, juega asimismo el gasto económico que generaría para las arcas provinciales.