Las sanciones de la Xunta por verter aguas fecales directamente a la ría de Pontevedra amenazan a Sanxenxo y a Poio. Tras unas largas negociaciones entre ambos concellos y la Administración autonómica, el municipio sanxenxino aceptó acoger una depuradora de aguas residuales para prestar servicios a parroquias de ambos ayuntamientos.
No obstante, ahí empezaron los problemas. Se han llegado a barajar hasta cuatro ubicaciones posibles para la estación depuradora (EDAR), y por un motivo u otro, las cuatro han sido descartadas. Un vecino de la parroquia de Dorrón lo resumía en unas palabras: «Nadie quiere tener una depuradora al lado de su casa».
Los vecinos no aceptarán un emplazamiento al que ellos no le den el visto bueno, y cuando todo parecía que finalmente la EDAR se construiría en una parcela del suelo urbanizable número 1 en A Granxa, los promotores del desarrollo y vecinos miembros de la junta de compensación, rechazaron la idea.
Las complicaciones han ido aumentado, hasta tal punto, que la alcaldesa, Catalina González, se reunió en la noche del jueves con los vecinos de Dorrón para precisar que desde el gobierno local se continuarán buscando alternativas, pero que de una vez por todas había que acabar con los vertidos a la ría de Pontevedra. También se deberá tener en cuenta un emplazamiento donde cause el menor impacto posible en la costa. De hecho, dos de las alternativas estudiadas fueron desechadas por estar en primera línea de mar.
Los vecinos señalaron que la depuradora para tratar las agbuas fecales es necesaria, sobre todo, ahora que se iniciaron las obras para acometer tres urbanizaciones. De hecho, en el área está prevista la edificación de tres bolsas de suelo que suman más de 1.200 viviendas unifamiliares.
Fuentes implicadas en el proceso subrayaron que en la actualidad el censo de hogares en la parroquia de Dorrón es de aproximadamente 700, es decir, que una vez se acometan los proyectos previstos para A Granxa (562 y 407 viviendas) y Festiñanzo (260), el número de casas superará los 1.900.