ICDR alega contra la cuenta del 2006 y subraya que el Concello pierde subvenciones por saltarse los plazos
PONTEVEDRA
El partido Independentes de Caldas (ICDR) difundió ayer las alegaciones presentadas a la cuenta general del Ayuntamiento del año 2006. Este trámite le sirvió a esta formación política para criticar, una vez, la gestión del equipo de gobierno. El concejal Fernando Pérez afirmó que del estudio pormenorizado de los documentos se concluye que las cuentas del Concello «non representan a imaxe fiel da realidade contable».
El escrito de alegaciones, de más de veinte páginas, se puede consultar en la página web de este partido (www.icdr.es). Los reparos a la cuenta del 2006 se basan en varios argumentos. Uno de ellos es un incumplimiento reiterado de los plazos legales, ya que las entidades locales tienen la obligación de rendir sus cuentas debidamente aprobadas antes del 15 de octubre del ejercicio siguiente. En este caso tendría que haberse presentado el 15 de octubre del 2007.
ICDR apuntó que el gobierno local viene incumpliendo año tras año todos los plazos estipulados para la elaboración, exposición al público, aprobación y presentación de las cuentas. Algo que, a su entender, puede provocar «serios» perjuicios al municipio. Como ejemplo, cita dos: que el retraso hace imposible la labor de control de los partidos de la oposición y del Consello de Contas, y que con la actual Xunta se condiciona la posibilidad de solicitud y concesión de subvenciones al Ayuntamiento.
Otros motivos de ICDR para rechazar la cuenta del 2006 son un incumplimiento reiterado de la obligación de disponer de un inventario de bienes municipales y de una relación de puestos de trabajo, además de la utilización reiterada del reconocimiento extrajudicial de crédito y el incumplimiento de los principios presupuestarios de la Lei Reguladora das Facendas Locais.
Los independientes también apuntan como negativo la reiteración, en años sucesivos, de la mención crítica en los informes de Intervención de la cuenta general sobre la forma de pago de la compra de la finca A Tafona -cuyo último pago de 57.096 euros se efectuará en el 2009- y que no consta la relación de reparos de legalidad. Otro aspecto que cuestionan es la inclusión del pago de una indemnización de 6.000 euros a un particular por el proyecto de urbanización de la calle Río Bermaña sin causa justificada.