La norma del año 1981 requería pasar un año de matrimonio antes de pedir la separación legal y esta se constituía en un paso previo obligatorio antes del divorcio. Además, se exigía alegar causas legales de separación, entre las que se citaba el alcoholismo, la infidelidad, el cese de la convivencia, las toxicomanías o la violación de los deberes conyugales. Esta ley tuvo un largo recorrido y no fue hasta el año 2005 cuando se reformó para eliminar la necesidad de la separación previa al divorcio y la obligación de esgrimir causas para la ruptura. La ley establecía que bastaba con el consentimiento de ambos cónyuges para que se produjese el divorcio, sin ningún otro requisito, ya que solo se exigía desde ese momento el transcurso de tres meses desde la celebración del matrimonio. La gran novedad de la reforma, conocida como Divorcio Express, era que para acudir al divorcio ya no era preciso que previamente se hubiese decretado la separación, lo que contribuyó a agilizar los procesos y a abaratar su coste.