El colectivo denuncia que se construya al lado de la actual sobre la que pesan dos sentencias judiciales
Los afectados reclaman a la Confederación Hidrográfica y al Concello que busquen una ubicación alternativa
El clamor popular contra la ubicación de la depuradora de la ciudad en la parroquia de Reza se mantiene intacto. La decisión del Concello de Ourense y de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil de construir la nueva estación a escasos doscientos metros de la actual no ha acallado las voces críticas de los vecinos.
Ante la inminente presentación del proyecto de la futura Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), los vecinos han hecho oficial su malestar con la presentación de 1.200 firmas en el Rexistro del Concello de Ourense. «Más del 90% de las firmas son de vecinos de Reza y de las inmediaciones», explicó ayer Joaquín Silva Sa, portavoz de los afectados.
Los motivos que han llevado a los vecinos de esta parroquia ourensana a movilizarse contra el proyecto de la nueva EDAR son los mismos que les hacían estar en contra de la actual. «La van a poner al lado de la actual y muy cerca de las casas. Pese a las sentencias que hemos ganado y que obligan a derribar la que hay, deciden situarla al lado. Estamos cabreados porque no se respetan los fallos judiciales ni nuestras demandas», indicó el portavoz vecinal.
En el escrito presentado por registro en el gobierno local, los afectados de Reza reclaman al Concello de Ourense y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil que se aleje de las viviendas del núcleo de Reza para evitar que los perjudicados durante muchos años por la actual sigan sufriendo sus consecuencias. Por ello, instan a ambas administraciones a que por razones sanitarias y de respeto a los vecinos se busque una ubicación alternativa.
Alegaciones
Las acciones de los afectados por la estación depuradora no se han limitado tan solo a la recogida de firmas, que fue presentada ayer en el Concello de Ourense, sino que también han elaborado una serie de alegaciones al proyecto en el que trabaja el Gobierno central.
En la documentación presentada alegan que se incumple la normativa vigente de estar a 2.000 metros de un nucleo de población.
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