El Juzgado de Instrucción número 1 de O Carballiño acaba de dictar una resolución en la que propone el archivo de la causa incoada contra la perrera municipal por la muerte masiva de animales durante los tres primeros meses del pasado año. Una decisión que se adopta al entender que «de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito», aunque sí reconoce la existencia de una infracción administrativa y un problema sanitario.
Los hechos juzgados hacen referencia a la muerte de un elevado número de animales desde que el Concello carballiñés se hizo cargo de la instalación, el 1 de enero de 2009, y el 3 de marzo, fecha en la que ecologistas de «Matar por matar, non», Adega y Amigos da Terra descubrieron una fosa a cielo abierto llena de perros bañados en sangre y cubiertos de cal. Descubrimiento que fue denunciado y que propició incluso la creación de una comisión de investigación en el Concello.
Fruto de dicha denuncia surge la resolución judicial que ya ha sido recurrida por los ecologistas ayer, con la presentación de un recurso de reforma para que la autoridad judicial reconsidere su valoración, sin descartar, uno nuevo en caso de no lograrlo.
«Matar por matar, non», uno de los colectivos más activos a la hora de cuestionar el funcionamiento y el trato que recibían los animales en la perrera, su portavoz Julio Fernández, critica el archivo de la causa al recordar que «existen diversas pruebas solicitadas, que se llevaron a efecto y que tenían por finalidad aclarar la muerte de los animales, entre ellas algo tan obvio como interrogar a los responsables de su custodia» y no se hizo.
Declaraciones
Fernández añade además que «sabemos que existen declaraciones de algún responsable de la perrera que, según todos los indicios, podrían aclarar las circunstancias de tan ingente número de bajas». Es más, indica que esas declaraciones «están siendo hurtadas a la investigación, como antes lo fueron a la Guardia Civil, ya que no se remitió al Juzgado la prueba que solicitaban las partes. Hecho que se puso en conocimiento del juzgado y que no fue subsanado ni se exigieron responsabilidades a quien debería remitirlas». Pone en entredicho así la decisión judicial y asegura que «por un cuestión de pulcritud y por motivos que todos conocemos, este juzgado debería abstenerse de tratar asuntos relaciones con el Concello».
Monserrat Valencia, de Amigos da Terra, confirma también que «presentamos recurso «porque no se hicieron todas las pruebas que pedimos y por lo tanto, entendemos, que hay una indefensión hacia nosotros» y manteniendo su creencia de que «hubo un delito ambiental y queremos saber cómo murieron los perros».
Bernardo García, edil de Medio Ambiente del Concello de O Carballiño, prefiere no hacer declaraciones hasta que concluya todo el proceso que acaba de ser recurrido.