El dueño de Samaca dice que el juicio en su contra por presunto fraude fiscal es una revancha
OURENSE
«Se me ocurre que no se ha asimilado el fracaso profesional y se intenta imputar a Samaca para resarcirse de un error monumental». Así aprovechó Rogelio López, presidente del grupo pizarrero Samaca, su turno de palabra al término de la vista oral que, en los últimos dos días, se ha celebrado en contra de él y de otros cuatro directivos de empresas que forman parte de la compañía.
A todos ellos el fiscal les imputa un delito contra la Hacienda Pública por el que reclama tres años de cárcel en el caso de Rogelio López y dos años y medio en el caso de los otros cuatro procesados, además de multas por valor de 3, 3 millones.
Aunque no lo citó directamente, Rogelio López pareció con sus palabras dirigirse al fiscal, que hace dos años presentó en el mismo juzgado cargos en su contra por los que pedía hasta nueve años de prisión y que nunca pudieron ser probados.
Tras oír estas palabras el magistrado comunicó que el juicio quedaba visto para sentencia, después de que acusaciones y defensas se extendieran durante cuatro horas en presentar sus conclusiones finales.
El primer turno de palabra fue para el representante del Ministerio Fiscal, quien desglosó en nueve puntos los indicios que según él demuestran que fue la empresa Samaca, y no las firmas productoras de pizarra que pertenecen al grupo como sostiene la defensa, la que vendió pizarra sin declarar a una empresa alemana a lo largo del año 1996, defraudando a Hacienda una cantidad de 186.172 euros.
Indicios probatorios
Aseguró esta parte que así lo respaldan indicios como las cartas de transporte de la mercancía, que se habrían cubierto en Samaca, el testimonio en este sentido de algunos acusados, las declaraciones de un testigo que aseguró que Rogelio López le pidió que respaldara una coartada o la propia práctica del grupo, que se basaba en que las productoras vendían a Samaca su producción y esta, a su vez, la exportaba a todo el mundo. En todo caso, el fiscal recordó a la sala la importancia de los indicios en casos como este, en el que es está hablando de operaciones mercantiles que no se declararon.
En la misma línea, el letrado de la Agencia Tributaria recordó que la presencia de importantes cantidades de dinero en la cuenta de un testaferro, cuñado de Rogelio López, debe ser tenida en cuenta como prueba y restó valor a las alegaciones de los acusados, que dijeron que las operaciones en negro se hicieron para conseguir dinero para sobresueldos. «Se hizo para rebajar la carga fiscal», afirmó.
La prescripción de los hechos y la actuación por su cuenta de cada una de las empresas productoras en aquellas ventas, fueron los ejes sobre los que pivotaron las alegaciones de las defensas, que también hicieron énfasis en el que hecho de que durante toda la vista oral no se haya efectuado prueba alguna relativa a que en el año 1996 una empresa alemana hubiera comprado pizarra «negra» al grupo Samaca.
Informes imprecisos
Restaron además los abogados importancia a las cartas de transporte que se presentan como prueba de cargo, por ser «un documento que no acredita nada» y, en el caso del letrado de Samaca, se cuestionó el informe realizado por el inspector Agustín Fernández, asegurando que no era preciso. Esta parte aseguró, asimismo, que la cuota presuntamente defraudada sería mucho menor de la que asegura el fisca, y que no alcanzaría el máximo a partir del cual se considera delito fiscal.