Fue un plan «grave pero a la vez artesanal y burdo, para el que no hacía falta un asesor fiscal». Así describió ayer el edil ourensano Agustín Fernández la trama que, según él, trazaron los responsables de la pizarrera Samaca en el año 1996 para eludir el pago de impuestos realizando ventas que no declararon por valor de, según un nuevo cálculo realizado ayer, 180.000 euros.
El edil acudió al juicio que se celebra desde el martes en el Juzgado de lo Penal de Ourense contra cinco pizarristas porque fue él quien, como inspector de la Agencia Tributaria especializado en grandes empresas, realizó una investigación a raíz de que se detectasen ingresos de dinero muy abultados en la cuenta de un particular. Se descubrió que una persona sin ocupación conocida estaba recibiendo grandes cantidades de dinero en su cuenta corriente, por lo que se inició una investigación que, con posterioridad derivó en una querella.
En poco tiempo se supo que el particular era cuñado del presidente de la empresa Samaca, Rogelio López, y dadas sus contradicciones para aclarar los ingresos, se derivaron las investigaciones hacia la firma pizarrera.
Aunque durante su declaración como imputados, tanto Rogelio López como los otros cuatro directivos de otras tantas empresas productoras de pizarra, Juan Carlos González, Antonio Silva, Martín Domínguez y David Arias ya reconocieron que en el año 1996 vendieron pizarra a Alemania sin declarar de forma unilateral y porque necesitaban dinero negro para pagar sobresueldos a sus empleados, el inspector de Hacienda aseguró que, en su opinión, aquella trama no se urdió para ese fin, sino para rebajar la carga fiscal y obtener más beneficios. Además, Fernández afirmó que, al contrario de lo que afirman los imputados, fue Samaca quien vendió la pizarra, y no cada empresa productora por su cuenta.
Así, explicó que gran parte de los documentos de certificación del transporte de aquella mercancía se realizaron en Samaca y que la tipografía de esos recibos coincide con la utilizada por la empresa. «Llegamos a la conclusión de que esos CMR se realizaron por empleados de Samaca y con la máquina de escribir de la empresa, estaba muy claro», insistió el inspector, quien aseguró que en el año 1996 las empresas del grupo (Gomta, La Tranquila, Irosa, Galir y Pivasa) vendían la pizarra a Samaca y esta la distribuía.
Indicios
En la misma línea, los otros dos inspectores de la AEAT que investigaron el caso, aseguraron que los indicios de responsabilidad tendieron hacia la distribuidora.
Eso sí, al término de la sesión de ayer la defensa presentó un testigo, el director comercial de Samaca, que dijo que en el año investigado las empresas productoras vendieron pizarra por su cuenta. También aseguró que se hicieron pagos en dinero B.