Aplicar la normativa y poner freno al uso del paseo fluvial de las riberas del río Miño como pista ciclista. Ese es el objetivo de una orden de servicio que prevé trasladar la Concellería de Tráfico, que depende del BNG, a la Policía Local para que sancione a las bicicletas que circulen por algunos tramos de la senda del Miño.
La orden que estudia ejecutar el gobierno municipal exigirá el cumplimiento del reglamento de circulación. En concreto, en el artículo 121.5 se establece: « La circulación de toda clase de vehículos en ningún caso deberá efectuarse por las aceras y demás zonas peatonales», algo que también incluye a las bicicletas. Según se recoge en el reglamento, se trata de una infracción leve por la que el ciclista puede ser sancionado por la Policía Local con una multa de hasta 150 euros.
Multas
Según fuentes municipales, la petición a los policías locales para que multen a los ciclistas que utilicen el paseo fluvial de las riberas del Miño ya se realizó, a modo experimental, durante el pasado mes de marzo, llegando incluso a imponerse alguna multa aislada. En concreto, en ese período se centró la prohibición en el paseo de las Ninfas, en la margen izquierda del Miño, en el tramo que va desde el puente Romano hasta la pasarela peatonal de Outariz.
La pretensión del Concello de Ourense de sancionar a los ciclistas que circulen por el paseo fluvial, en cumplimiento del código de circulación, se contradice con la realidad que se vive en la zona termal, donde son habituales las señales que permiten la utilización de bicicletas o los estacionamientos específicos para este medio de transporte.
Es el caso de las termas de Outariz y también de A Chavasqueira, donde incluso la empresa que gestiona el recinto termal privado alquila bicicletas a sus clientes.
Después del período de prueba, fuentes municipales aseguran que la voluntad del departamento de Tráfico es sancionar a los ciclistas, para evitar que circulen por la zona y molesten a los viandantes que tienen absoluta prioridad en el área peatonal del Miño.
Esta decisión estuvo precedida de una campaña de presión de la Policía Local en Outariz a los conductores que aparcaban en zonas indebidas.