El intento del BNG de adjudicar a dedo por cuarenta años unos paneles informativos en la ciudad llegó ayer a la Justicia. El Partido Popular cumplió su amenaza y denunció ante la Fiscalía indicios de cohecho en esta actuación del gobierno municipal. Los populares pretenden que se esclarezcan los hechos y se depuren las presuntas responsabilidades penales y administrativas que se deriven del expediente de contratación de las pantallas publicitarias, que finalmente fue descartada tras los informes jurídicos contrarios a realizar una concesión por cuarenta años sin un concurso público previo.
La adjudicación a dedo que pretendía sacar adelante el BNG, y que fue paralizada por el alcalde, se iba a realizar a una empresa sin experiencia en el sector y que, en el momento de firmar el convenio, no estaba constituida. Entre la documentación que ayer aportó a la Fiscalía el portavoz del PP, Enrique Nóvoa, se encuentra el convenio/contrato que firmó el teniente de alcalde, Alexandre Sánchez Vidal, con la empresa Afiador Produccións Sociedad Limitada. Según el escrito entregado por los populares, se trata de uno de los hechos que pueden dar lugar a responsabilidades penales y administrativas. Sobre la firma de este contrato realizada el 4 de febrero, Enrique Nóvoa se pregunta si el alcalde había delegado en el teniente de alcalde o si por el contrario se firmó sin su consentimiento.
Considera el PP que no es el único «punto oscuro» del expediente, ya que aseguran que la empresa Digital Urbis, con domicilio social en la calle Cardenal Quiroga, ofrecía desde hace ya tiempo en su página web los servicios de publicidad para las pantallas que todavía están sin adjudicar.
Los populares también quieren que el fiscal ponga la lupa en el Informe de Necesidad: Colocación de pantallas de información turística comercial , del 17 de noviembre del 2007, ya que en el pliego de condiciones técnicas para la firma del convenio aparecen unas fotos con las futuras ubicaciones ya con publicidad de la empresa Digital Urbis. Considera el PP que todas estas actuaciones pueden ser constitutivas de delito contra la Administración Pública regulados en los artículos 419 y siguientes del Código Penal. «A Fiscalía ten documentación suficiente para investigar este asunto e pór a cada un no seu sitio», concluyó Enrique Nóvoa.