Tanto la Fiscalía como la propia sociedad de autores presentaron acusación en un caso en el que, entre otras pruebas, contaban con una grabación de vídeo realizada por un detective privado que la SGAE contrató para investigar la conducta del acusado.
En este sentido, recogía el escrito de acusación que el imputado ya había sido requerido judicialmente, mediante sentencia firme, para que obtuviese de la sociedad de compositores la autorización pertinente para poner música en las celebraciones de su restaurante. Dado que no lo hizo, al menos eso apuntaban las acusaciones, se le requirió para que no permitiese la interpretación de música en directo en las bodas aunque, aseguraban fiscal y autores, el empresario habría persistido en su actitud, tal y como habría demostrado el vídeo grabado por el detective.
Durante el juicio por esta causa, celebrado en el Juzgado de lo Penal número 1 de la capital ourensana, los autores reclamaron que, en caso de condena, se les pagase el dinero no percibido y reclamaban una indemnización de 18.980 euros. Ahora podrán presentar recurso porque el fallo no les ha favorecido.