Una mujer se sentó ayer en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 1 de la capital ourensana, para responder por las imputaciones realizadas contra ella por el Ministerio Fiscal, que la acusa de un delito de lesiones y otro de abandono de incapaz.
Sospecha el fiscal, así lo aseguró ayer durante el juicio, que la acusada, Ana G. M., regentaba distintos inmuebles en varias zonas de la capital ourensana, en los que bajo la apariencia de una pensión -en algunos casos- se ocultaba la verdadera actividad de un geriátrico, con el hospedaje de personas ancianas «a las que sometía a tratamientos, modos y formas inapropiadas para personas de las características de las que allí residían». Según la acusación pública, las condiciones de vida de los ancianos que se alojaban en esos pisos «menoscababan su salud física y psíquica, sin dotarles de las mínimas asistencias de cuidado consustanciales a su edad y circunstancias».
En esas circunstancias, y teniendo en cuenta que, según la acusación, la imputada no disponía de licencia alguna para realizar actividades relacionadas con la geriatría, la mujer recibió un nuevo cliente a primeros del año 2005.
Se trataba de un hombre de 71 años que la acusada alojó en un piso situado en la calle Zurbarán de la capital. Fue ingresado por su hijo -quien durante el juicio aseguró que lo alojó en una pensión porque no podía tenerlo en casa- y permaneció allí varias semanas, hasta que tuvo que ser ingresado de urgencia en un centro hospitalario el 22 de abril de ese mismo año.
Daños físicos y psíquicos
Según la fiscal, cuando A. A. F. ingresó en el servicio de urgencias, se le detectó una situación de abandono, «con repercusiones físicas y psíquicas derivadas de las pésimas condiciones de vida así como a la más mínima falta de cuidado». Presentaba en aquel momento múltiples úlceras de cúbito infectadas, infección sanguínea por paso de gérmenes y deshidratación. Todo ello le obligó a permanecer hospitalizado durante quince días, hasta que pudo recuperarse.
Eso sí, su situación levantó sospechas entre responsables médicos por lo que, tras presentarse una denuncia por posible situación de abandono, se presentaron cargos contra la dueña del piso en el que se alojaba el septuagenario, quien, asegura la acusación pública, tenía una situación previa de incapacidad de autonomía y dependía de una tercera persona, en este caso de la acusada, para las tareas de la vida.
Indemnización
Por ese motivo, la fiscal imputa a Ana G. M. un delito de abandono de incapaces en concurso con otro de lesiones imprudentes, por los que reclama una condena de dos años de prisión para la sospechosa. Además, para el caso de que exista condena, la fiscal interesa que la acusada indemnice al perjudicado, en este caso el septuagenario al que alojó en su establecimiento, con una cantidad de doce mil euros.
Lejos de aceptar esta petición, la defensa reclama la libre absolución.