El Concello de Ourense parece haber intensificado su persecución contra los ciudadanos que no están al día en el pago de los tributos municipales. Más de un millar de particulares tienen que hacer frente estos días a un expediente de embargo de sus cuentas bancarias como consecuencia de no haber cumplido con sus obligaciones tributarias. Por lo menos el grupo de gobierno los considera como morosos y decidió publicar en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la relación de las personas a las que se persigue fiscalmente.
Un anuncio firmado por el alcalde, el socialista Francisco Rodríguez, avisa que la Concejalía de Hacienda ordena la comparecencia de más de mil personas porque previamente, «por causas no imputables a la administración», se les comunicó en dos ocasiones su condición de morosos «en el domicilio fiscal que consta en las actuaciones», pero «no fue posible practicarles la notificación». Precisamente, una vez cubiertos estos trámites, la hacienda municipal decide abrir el procedimiento de «notificación de diligencia de embargo de cuentas».
En la relación se detalla el número de expediente, el nombre de la persona que debe dinero, su DNI y su domicilio, aunque no se precisa la cantidad que debe ni el concepto por el cual el Concello hace la reclamación formal. En el requerimiento se hace constar que los morosos tienen que comparecer por sí mismos o a través de sus representantes «debidamente acreditados» ante las oficinas de la Recaudación Municipal, sitas en la calle Hernán Cortés, de lunes a viernes en horario de mañana.
Dos semanas
En todo caso, únicamente se les da un plazo máximo de quince días contados a partir del siguiente a la publicación de la lista de infractores, difundida en el BOP ya el pasado día 5 de este mes.
Este tipo de procedimientos son los habituales en la administración local a la hora de exigir el pago de los impuestos del Concello. El trámite de embargo de cuentas entra dentro de la aplicación de la vía ejecutiva para intentar captar los ingresos que los impositores no han hecho en el período voluntario.
Sin embargo, la medida que ahora adopta el Concello tampoco significa que haya garantías de que se cobren los dineros adeudados porque todavía quedaría un período de reclamación, sobre todo si hubiese algún error. Precisamente, fuentes municipales reconocen que tal vez haya fallos en las comunicaciones o que el censo de contribuyentes esté insuficientemente depurado, de ahí que la comunicación pueda partir de un error desde el propio Concello.
Sea como fuere, el procedimiento está en marcha y forma parte de los intentos que hace el gobierno municipal para intentar reducir el índice de morosidad.
Pese a las medidas anunciadas por la actual Concejalía de Hacienda, todavía es importante el volumen de impagados porque al menos un 10% de los contribuyentes eluden sus obligaciones tributarias. Aún en este escenario, el gobierno socialista de la capital calcula que en el 2008 habrá más ingresos partiendo de una mejora en el proceso de cobro de impuestos.