Seis bancos tardaron meses en saber que las obras que pagaron no existían

La Diputación se ha blindado para evitar que vuelvan a falsificarse sus certificados

Autor:

M. V.

Fecha de publicación:

• • Enviar
  • Imprimir
  • Volver

Si fue tan sólo Jesús R. D., como él mismo ha reconocido, el que ideó una estafa a gran escala basada en presentar a los bancos certificados falsos de obras encargadas por la Diputación, o, por el contrario, los responsables fueron también su padre Ricardo R. R. y su hermana Montserrat R. D., es algo que tendrá que dirimir el tribunal que lleva el caso, aunque lo que es evidente es que quien planeó el timo fue capaz de mantenerlo sin ser descubierto durante más de medio año.

Así se desprende de los testimonios de los directivos de las entidades bancarias que fueron objeto de un desfalco que, en total, alcanzó 1,9 millones de euros. Durante las declaraciones efectuadas ayer ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia provincial de Ourense, todos recordaron que si confiaron en los certificados que presentaban los acusados, casi siempre Jesús R. D y en algunas ocasiones su hermana, fue porque había una confianza previa con las empresas de obras a las que ambos representaban, Desnor y Phorgal.

«Los certificados nos parecían correctos, tenían el sello oficial y la firma, nunca vimos nada raro», aseguró Carlos Crespo, directivo de una de las entidades afectadas, quien constató que pasaron varios meses hasta que sospecharon que pudiese haber algún problema. «La Diputación aseguró que no nos iba a pagar porque no tenía motivos, ya que los certificados no eran válidos», constató el testigo.

Las alarmas saltaron en los seis bancos afectados a finales del año 2003 y cuando sus responsables se dirigieron a los sospechosos, éstos les respondieron con argumentos distintos. Algunos directivos aseguraron ayer que durante una reunión con Jesús, éste llegó a afirmar que el dinero desfalcado había sido destinado a financiar al Partido Popular.

Pese a que nada de eso ha podido probarse, la realidad es que poco se sabe del paradero de un dinero que ahora se reclama a los acusados, que además podrían ser condenados a penas de seis años de prisión por los delitos de falsedad en documento oficial y estafa.

Ajenos a todo el entramado, los responsables de la Diputación que declararon ayer constataron que los certificados eran falsos y que, desde este asunto, se firman ante personal oficial.

• Compartir la noticia en: del.icio.us , technorati , yahoo , digg , menéame , chuza , ¿Cómo compartir?
• • Enviar
  • Imprimir
  • Volver