La interrupción voluntaria del embarazo constituye una grave cuestión ética y moral a la que solo cabe dar respuesta desde la conciencia individual de cada uno. Pero el del aborto es, al tiempo, un problema social de extraordinaria gravedad que se ha resuelto en la mayoría de las sociedades de Occidente a través de un sistema que lo despenaliza parcialmente con la finalidad de proteger tanto al nasciturus como el derecho de la mujer a no continuar con un embarazo indeseado.
La normativa española vigente desde 1985 hasta el año 2010 fijaba un sistema de indicaciones que permitía a las mujeres interrumpir su embarazo en el caso de que aquel fuera la consecuencia de una violación (indicación penal) y en los supuestos de graves taras físicas o psíquicas del feto (indicación eugenésica) y grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada (indicación terapéutica). Pero esa regulación, restrictiva sobre el papel, acabó dando lugar -a través de una muy laxa interpretación del llamado peligro para la salud psíquica de la embarazada- a uno de los sistemas de interrupción del embarazo más permisivos del planeta.
Así, sobre la base de ese auténtico agujero negro del sistema, se han practicado durante años en España abortos a mujeres con gestaciones muy avanzadas sin otra justificación que su deseo de abortar. Algo que ha supuesto una verdadera atrocidad y que ninguna legislación civilizada debería permitir.
En el 2010 se sustituyó el sistema de indicaciones por el de plazos, mucho más razonable a mi juicio para equilibrar los derechos en juego de la mujer y el nasciturus. Escribí entonces que lo único que la nueva normativa no dejaba suficientemente claro -y que, por tanto, debería aclararse en una reforma posterior- es que los abortos practicados en caso de peligro para la vida o la salud de la embarazada (posibles hasta la semana 22 de gestación) debían restringirse a su salud física para acabar con el agujero negro de la legislación de 1985.
El ministro de Justicia acaba de anunciar que se modificará nuevamente la normativa en la materia para volver al sistema anterior de indicaciones. Ello solo puede significar dos cosas, las dos pésimas: o que volveremos al régimen previo, con su agujero negro escandaloso, lo cual indicaría por parte de Ruiz-Gallardón un grado de cinismo inadmisible; o que retornaremos al sistema de indicaciones, sin su agujero negro, en cuyo caso pura y simplemente la inmensa mayoría de las mujeres españolas que quieran interrumpir sus embarazos volverán a tener que hacerlo en la clandestinidad o en el extranjero. Como me resisto a creer que el ministro persiga cualquiera de esas cosas solo puedo pensar que no ha meditado suficientemente su propuesta. Por el bien de todos, esperemos que lo haga.