La ley de cine es todavía un galimatías y hasta que no la apruebe el Parlamento no quedan claras cuestiones clave como las ayudas que se van a dar a las distribuidoras para afrontar el doble coste del doblaje al castellano y catalán. De momento, la ley propone crear un impuesto sobre los doblajes que alimentará un fondo de apoyo al cine en catalán. «Es decir, que nos quitan una parte de la recaudación de taquilla en forma de impuesto y nos lo devuelven bajo unos criterios que ellos escogen», señala el presidente del Gremio de Empresarios de Cataluña, Camilo Tarrazón.
La excepción a la ley de cuotas del 50% son las películas que se rueden originalmente en castellano o catalán, que quedan exentas, así como las películas europeas de las que se distribuyan menos de 15 copias. Estas podrán ser exhibidas solo en castellano. El resto deberán ir en ambos idiomas. La entrada en vigor de la ley será progresiva, hasta el tercer año no se deberá llegar a la cuota del 50%.
Tras la huelga de los cines, está previsto que los empresarios del sector se reúnan de nuevo con todos los grupos políticos y tienen en mente iniciar la fase de consultas con la UE y la Organización Mundial del Comercio. Dicen que «no puede ser que un gobierno llegue y cambie las reglas del juego».