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entre bits Atentado contra los derechos fundamentales

Autor:
Javier Pedreira, «Wicho»
Fecha de publicación:

La inclusión de una disposición adicional primera en la Ley de Economía Sostenible presentada por el Gobierno de José Luis Zapatero el viernes de la semana pasada destinada a luchar contra las descargas a través de Internet de material sometido a derechos de autor ha levantado a la comunidad de usuarios como pocas cosas antes.

No porque nadie discuta el derecho de los autores a obtener un beneficio de sus obras, y quizás convenga recordar una vez más que de lo que se debería hablar es de los derechos de explotación de estas y no de la propiedad intelectual, que creo que nadie les discute.

Tampoco se trata, a pesar de lo que dicen algunos medios de comunicación y representantes de la industria audiovisual empeñados en desviar la atención, de pedir que todo sea gratis ni que no se regule el asunto de las descargas ilegales en el caso de quien se lucre con ellas.

El problema está en que, según interpretan numerosos abogados, el texto propuesto, aunque por ahora solo sea un borrador, deja abierta la posibilidad de que se pueda cerrar una web o servicio sin intervención judicial, y lo cierto es que hay dudas al respecto incluso entre distintos miembros del Ejecutivo, pues si bien la ministra de Cultura decía que esto en efecto iba a ser así, el ministro de Justicia la corregía a posteriori diciendo que no habría ningún cierre sin intervención judicial, algo que vino a corroborar más tarde el presidente del Gobierno diciendo que si había que aclarar algo en la ley así se haría, aunque habrá que esperar a verlo por escrito porque María Teresa Fernández de la Vega apoyaba de nuevo ayer la gestión de Sinde.

Pero es que no es admisible que el Ejecutivo se haya podido plantear ni por un momento poner por encima de derechos fundamentales, como el derecho a la libertad de expresión, la defensa de la propiedad intelectual o del derecho de los autores a cobrar por las copias de sus obras, por no hablar de la posibilidad de sustraer de la responsabilidad de la Justicia algo tan serio como el cierre de un servicio o la retirada de contenidos de Internet, y ese es el verdadero asunto de fondo tras esta movilización.

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