Imagino la desazón de los bomberos de Vigo que, el pasado sábado, forzaron la entrada en un piso del barrio de Castrelos y descubrieron el cadáver de Concepción. En la vida hay incendios interiores imposibles de sofocar. Este era devastador: una mujer de 52 años con discapacidad intelectual y que se había quedado sola desde el ingreso hospitalario de su padre, su única familia, yacía muerta.
Imaginamos, aunque cueste hacerlo, que pasó días de ansiedad y angustia. Los médicos no aceptan la tristeza como causa de muerte. A nadie se le escapa, en cualquier caso, que pudo ser un desencadenante. Como la imprudencia o exceso de confianza de un progenitor octogenario cuando se lo llevaba el 061. Pero aquí conviene ir más allá. Debemos hacerlo, porque corremos el riesgo de que lo ocurrido se repita.
La discapacitada murió desatendida. Desde que una vecina dio la voz de alarma a los servicios sociales hasta que otro vecino alertó a los bomberos transcurrieron tres días en los que quizás (ya nunca lo sabremos) pudo evitarse la tragedia. ¿Qué pasó mientras la vida de esa mujer se apagaba? Un asistente acudió a la vivienda un día después de la llamada y se fue porque nadie contestó al timbre; el Ayuntamiento envió un fax al juzgado pidiendo que interviniesen ellos; un fiscal le pasó el asunto por escrito a una jueza; la jueza, parece ser, acabó autorizando... Y así dieron las tres de la tarde del viernes. ¡Finde!
No parece que nadie vaya a abrir una investigación de oficio. Se dice así en el argot administrativo, ¿no? Está claro: a Conchi la mató la puñetera burocracia de este país.