La Comisión Europea acaba de abrir un procedimiento de infracción a España por la seguridad ferroviaria. Critican que los métodos de los organismos que investigan los accidentes no se ajustan a la normativa comunitaria. El expediente pone en duda los procedimientos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Por desgracia, esto era de esperar. Basta con repasar las investigaciones sobre dos gravísimos accidentes en Galicia: el de Angrois y el de O Porriño. Porque, en ambos casos, la responsabilidad se vuelca exclusivamente en el maquinista. En el de Compostela, producen vergüenza pública los obstáculos que la Administración puso para aclarar el caso, escatimando informes, agotando plazos y escamoteando responsabilidades. Buena parte de esta obstrucción lleva a que el juicio todavía no se haya celebrado.
En O Porriño, está a punto de salir un informe que culpa en exclusiva al maquinista fallecido, porque no redujo la velocidad en un desvío. Lo cual es una obviedad. Cuando lo interesante sería conocer por qué sucedió esto. O si era oportuno desviar un tren de 120 a 30 kilómetros por hora para hacer unas pruebas con pasajeros reales. Por no mencionar si era lógico circular sin sistemas de seguridad digitales o si la formación de los maquinistas españoles y portugueses es suficiente para circular en el otro país. Pero es más sencillo culpar al maquinista. Sobre todo cuando, desgraciadamente, ya no puede defenderse. Europa dice ahora que aquí se investiga mal. Algo que ya sospechábamos. Y otro clavo en el ataúd del desastre ferroviario que padece España.