Sindicatos portugueses defienden el trabajo de los alcaldes del norte del país para atraer inversiones gallegas
VIGO
Las centrales españolas piden a la Xunta que reaccione y ofrezca incentivos para evitar más deslocalizaciones
16 feb 2017 . Actualizado a las 13:43 h.Los secretarios generales de los principales sindicatos portugueses, Carlos Silva (UGT) y Arménio Carlos (CGTP), que participan en Vigo en un debate sobre el mercado de trabajo en la eurorregión, coinciden en señalar que el imparable goteo de inversiones de empresas gallegas en el norte de su país obedece al buen trabajo que están realizando los alcaldes de la zona. Niegan que exista una posible competencia desleal, como vienen denunciando las centrales españolas. «No hay país en la UE que no ofrezca beneficios fiscales para atraer inversiones», afirmó Silva, que subrayó que el verdadero problema de la implantación de filiales en Portugal son las diferencias salariales. «La lucha tiene que centrarse en conseguir sueldos dignos y con derechos, porque todos estamos en el mismo barco, Europa, y hoy es Portugal, pero mañana puede ser cualquier país del Este», dijo.
El secretario de UGT Galicia, José Antonio Gómez, señaló que «estamos ante un debate trampa». En la línea de sus colegas portugueses, entiende que si Portugal puede ofrecer incentivos la Xunta también podría. «Lo que tiene que explicar es por qué no lo hace, porque está claro que si la fuga de empresas solo obedeciera a cuestiones salariales se instalarían en Ourense».
La estiba
Por otra parte, los secretarios generales de CC. OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, respectivamente, presentes también en el encuentro, acusaron al Gobierno de Rajoy de «falta de voluntad política» para afrontar las consecuencias de la sentencia europea sobre la estiba. «El fallo no obliga a la desregulación del sector, que es lo que se pretende», coincidieron. Denuncian la falta de espacio para el diálogo entre todos los implicados, ya que consideran que el ministro de Fomento es un mero transmisor de recados: «El Gobierno dice que le han dicho y nada más». Se muestran en «profundo desacuerdo» con el decreto que, dicen, lo único que pretende es aprovechar la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo para iniciar un «proceso de desregulación brutal, bajar salarios de manera infinita y acabar con con competitividad de los puertos españoles».