La empresa perdió un contrato de 950.000 euros, pero fue compensada
05 oct 2014 . Actualizado a las 05:00 h.A finales del 2010, el alcalde Abel Caballero anunció lo que consideraba de revolución en los parques infantiles de la ciudad. Aseguró que era hora de pensar en los más pequeños y que el Concello había decidido construir una instalación emblemática en el parque de Castrelos diferente a todas las existentes en la ciudad. Iba a destinar un millón de euros a la iniciativa, con el objetivo de tenerla lista, claro, en el mes de mayo siguiente, cuando iban a celebrarse las elecciones municipales.
Lo que iba a ser un parque pirata, según la propuesta finalmente elegida, ni está ni tampoco se le espera. La polémica estalló al conocerse el nombre de la empresa adjudicataria, Samyl, que dirigía en Vigo, y a cuyo frente sigue, una correligionaria del alcalde, Julia López, miembro prominente de la ejecutiva local socialista y a la que Caballero aupó también al comité nacional gallego del PSdeG-PSOE y, más tarde, a la candidatura socialista en las elecciones autonómicas como número 6. Que esta circunstancia saliera a la luz puso en cuestión la millonaria adjudicación.
Julia López calló. El gobierno municipal calló y solo queda para la posteridad la frase del concejal socialista Carlos López Font, compañero de López en el comité nacional socialista: «Todo se ha hecho dentro de la legalidad».
La empresa que carecía de la experiencia que exigían las bases, un dato que se intentó camuflar aduciendo su participación en la puesta en marcha del Valle de los Sentidos en Valladolid. Samyl participó en aquel concurso a través de una UTE con la firma BDU, que fue la que diseñó ese parque tras ganar un contrato de 2,4 millones de euros de la Diputación provincial de Valladolidad, y por lo demás una empresa muy conocida en el sector.
Las bases del proyecto de Castrelos exigían que se hubieran realizado proyectos similares en los tres años anteriores. Samyl sorteó el requisito aportando un certificado de Valladolid que situaba el proyecto en el año 2008 cuando en realidad había sido inaugurado en el 2006. La diferencia entre una fecha y otra es clave: de haber puesto la real no hubiera cumplido los requisitos para participar en el proyecto de Vigo.
Samyl se quedó sin el contrato. Pero no sin dinero. En mayo, el gobierno local se indemnizó a Samil con 29.850 euros por la ruptura del contrato con posterioridad a la adjudicación.
El gobierno local eludió la polémica en torno a la empresa. Para no continuar con el contrato se escudó en la Xunta. Porque el Concello quería ubicarlo en Castrelos sin tener en cuenta que está declarado bien de interés cultural. Sin embargo, esperó a que pasaran siete meses desde la adjudicación del paraque pirata, ya en el verano del 2011 y una vez reelegido alcalde, para solicitar la preceptiva autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta. En febrero del 2012 el Gobierno gallego dijo que no y ya no hubo más. Salvo indemnizar a Samyl y olvidarse del asunto.
la gestión de los servicios públicos